Veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad: fuerte repudio y movilización en el Congreso
Organizaciones, familiares y profesionales reclaman por una crisis estructural en el área
Una multitud se movilizó este martes hacia el Congreso de la Nación para manifestar su repudio al veto presidencial de la Ley de Emergencia en Discapacidad, medida adoptada por el Gobierno de Javier Milei que desató la reacción inmediata de organizaciones, familiares, trabajadores del sector y personas con discapacidad en todo el país.
La concentración comenzó a las 11:30 hs frente al Palacio Legislativo, rodeado por un fuerte operativo de seguridad. Durante algunos momentos se vivieron tensiones entre manifestantes y efectivos policiales, aunque no se registraron incidentes graves y la situación se estabilizó rápidamente.
Una medida que profundiza la crisis
El veto a la ley, que había sido aprobada por el Congreso con amplio consenso, dejó sin efecto un conjunto de medidas destinadas a garantizar la atención integral y urgente a personas con discapacidad, en un contexto de ajuste generalizado. Entre otros puntos, la norma establecía mayores recursos presupuestarios, agilización de pagos a prestadores y provisión de servicios de salud y transporte que actualmente están paralizados o en riesgo.
Profesionales y entidades del sector denuncian un abandono por parte del Estado, que ya venía demorando pagos, discontinuando tratamientos y reduciendo coberturas. “La situación es insostenible. Hay chicos sin atención, adultos sin transporte y profesionales que no pueden seguir trabajando. Este veto es un golpe más”, señaló a este medio una terapista ocupacional del sistema público.
Movilizaciones en todo el país
La protesta frente al Congreso no fue un hecho aislado. A la misma hora, plazas centrales de provincias como Córdoba, Mendoza, Tucumán, Salta, Santa Fe y Río Negro también fueron escenario de concentraciones convocadas por organizaciones del área de discapacidad. En paralelo, profesionales suspendieron las actividades en clínicas, centros de día y hogares para visibilizar lo que definieron como una “emergencia estructural” que el gobierno nacional elige ignorar.
“La emergencia no la declara una ley, la vivimos todos los días. Familias que no pueden pagar tratamientos, personas que pierden su movilidad porque no llega el transporte, prestadores sin cobrar desde hace meses. Y el Estado responde con un veto”, denunció un representante del colectivo de prestadores de CABA.
“Nadie debe quedar excluido”
Entre las organizaciones convocantes se encuentra el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que emitió un comunicado crítico contra la decisión del oficialismo. “El verdadero desafío no es recortar, sino construir una sociedad más justa, donde nadie quede excluido ni solo frente a las dificultades”, señalaron.
Desde el Foro y otras entidades exigen la restitución urgente de los derechos vulnerados, la implementación de políticas públicas integrales y el reconocimiento efectivo de las personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos, no como una carga presupuestaria a recortar.
Un retroceso con consecuencias humanas
El veto presidencial, enmarcado en la política de ajuste que lleva adelante el gobierno de Milei, tiene consecuencias concretas y profundas en la vida cotidiana de decenas de miles de personas y sus familias. Para muchos, significa la interrupción de tratamientos médicos, la imposibilidad de asistir a instituciones educativas, o el aislamiento social por falta de transporte y asistencia.
La protesta de este martes puso en evidencia que el sector discapacidad se encuentra en un punto crítico, y que la respuesta oficial hasta el momento ha sido el recorte y la desatención. El reclamo es claro: no hay equilibro fiscal que justifique vulnerar derechos humanos básicos. La emergencia sigue existiendo, aunque el gobierno haya decidido mirar para otro lado.
