Un fondo para el Fondo

La iniciativa del bloque del Frente de Todos en el Senado busca crear un fondo para la cancelación de la deuda con el organismo internacional. Veamos de qué trata.

Son tiempos convulsionados los que atraviesa el gobierno nacional. Las heridas que dejó la aprobación del proyecto de ley sobre el acuerdo con el FMI están lejos de suturarse y la interna en la coalición gobernante afecta de manera perjudicial la gestión diaria. Los diferentes sectores del frente gubernamental parecieran tirar cada uno para su lado en una confrontación que no da tregua haciendo añicos la idea de “unidad hasta que duela”.

En este contexto crítico, Cristina Fernandez de Kirchner buscó una salida “por arriba”. A partir de una foto con el embajador estadounidense Marc Stanley subida a Twitter, dio anuncio a la propuesta de un proyecto de ley cuyo objetivo principal es la creación de un fondo con dinero fugado al exterior para la cancelación de la deuda contraída con el organismo internacional. La misma establece que dicho fondo sea constituido en moneda extranjera -dólares estadounidenses- y sus recursos provendrán de lo recaudado por un aporte especial de emergencia que se aplicará a los bienes situados y/o radicados en el exterior localizados o detectados a partir de la entrada en vigencia de esta ley y que no hayan sido declarados previamente ante la AFIP.

En total, dos son los proyectos en debate: el primero es el que crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional y, el segundo, es el que modifica la vigente Ley 21.526 de Entidades Financieras, con el fin de actualizar y modificar las excepciones en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal.

De deudas para fugar a fugas para pagar deudas.

Ahora bien, hablemos de dinero y cantidades precisas. Recordemos que al FMI se le deben más de 44 millones de dólares por el préstamo tomado durante el gobierno de Mauricio Macri, una cifra récord: el mayor crédito otorgado en la historia de dicho organismo. No es el fin de esta nota ahondar sobre el acuerdo de 2018 ya que tiene muchas aristas para analizar pero sí señalar quien la contrajo.

Volviendo a la iniciativa del Frente de Todos, es necesario preguntarse cuánto podría recaudarse. Según el senador Oscar Parrilli -uno de los impulsores del proyecto- se estima una potencial recaudación de fondos de 417.507 millones de dólares gracias a la aplicación de la tasa del veinte por ciento (20%) sobre la totalidad de los bienes objeto del aporte.

Pero, ¿cuáles son esos bienes alcanzados por la normativa?

• Tenencia de moneda nacional o extranjera:
• Inmuebles;
• Muebles, incluido acciones, participación en sociedades, derechos inherentes al carácter de beneficiario de fideicomisos u otros tipos de patrimonios de afectación similares, toda clase de instrumentos financieros o títulos valores, tales como bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia (ADRs), cuotapartes de fondos comunes abiertos o cerrados, cripto activos y otros similares;
• Demás bienes en el exterior, incluyendo créditos y todo tipo de derecho susceptible de valor económico.

Por otra parte, la propuesta indica que “en el caso de declarar los bienes pasados los 6 meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%”, agregando que los sujetos que no se allanen al pago de este aporte “corren el riesgo de tener una pena en prisión”, tal como lo estipula la ley vigente.

El colaborador, una pieza clave

Los senadores y las senadoras del oficialismo incorporaron al texto la figura del “colaborador”. Dicha figura tiene como finalidad cooperar con la AFIP para la detección o localización de bienes ocultos o no declarados, maniobras de evasión fiscal y/o de lavado de activos. Quienes podrán ser colaboradores son tanto las personas físicas como las entidades bancarias, que serán liberadas de cualquier tipo de acuerdo de confidencialidad con el evasor, tal como lo establece el segundo proyecto de ley.
¿Qué recibirá a cambio el colaborador? El incentivo a cooperar será materializado por un premio de hasta el treinta por ciento (30%) del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales de acuerdo a las condiciones y pautas que el Poder ejecutivo establezca. A su vez, el colaborador o representante legal gozará de la protección y reserva de identidad de él y de su entorno familiar o societario, de acuerdo a lo que el Poder Ejecutivo disponga, a efectos de preservar su bienestar social, económico y/o laboral.

Es la economía, estúpido

Uno de los principales disparadores de la interna en la alianza gobernante es el manejo de la economía. Allí las diferencias entre el kirchnerismo y el albertismo son notorias. El proyecto promovido por la vicepresidenta (representante y exponente de uno de los sectores del frente) no solo busca salir de la parálisis en la que se encuentra el gobierno sino, fundamentalmente, significa “un tiro por elevación” a la gestión económica que encabezan Martín Guzmán y Matías Kulfas, entre otros. El descontento del kirchnerismo por el acuerdo con el FMI es explícito y la iniciativa legislativa marca un camino distinto al actual. En este sentido, no es casual que quien será el encargado de administrar y gestionar el Fondo sea el Ministerio de Economía de la Nación.

Queda claro que las discrepancias al interior del gobierno profundizan los errores, las falencias y las carencias en la gestión cotidiana. El proyecto de ley debe ser leído en esa sintonía y bajo este marco de incertidumbres, tensiones y disputas. Tal vez estamos ante una posibilidad de unificar el frente por medio de una causa común: que la deuda la paguen quienes la fugaron. ¿Habrá fumata blanca?