Un fallo muy turbio: el caso del boliche Beara
Los familiares de las víctimas denuncian manipulación en la justicia porteña para garantizar impunidad a los ex funcionarios responsables.
El 10 de septiembre de 2010 en Scalabrini Ortiz 1638, cerca de las 3.50 de la madrugada y tras haber finalizado el recital del grupo Ráfaga, cayó el entrepiso construido con madera y aluminio. El lugar ya había sido clausurado por irregularidades y el Gobierno porteño levantó esa clausura concediendo una habilitación especial.
En un fallo muy cuestionado, el Tribunal Oral Criminal N°7 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a los dueños de Beara y socios comerciales en “El viejo sabio”- Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila e Iván Andrés Fliess- a tres años de prisión condicional y a cinco años de inhabilitación para ejercer el comercio, por encontrarlos culpables de las muertes de las jóvenes debido al poco mantenimiento que habían hecho del edificio. Entre esas pruebas también se encontraron documentos escritos por los condenados que explícitamente hablan de pagar “cometas” para la habilitación. Sin embargo, en ese mismo fallo el Tribunal decidió absolver a los funcionarios porteños encargados de controlar la habilitación, como también a los policías federales acusados por cohecho.
En el boliche Beara esa noche del 10 de septiembre murieron dos jóvenes: Ariana Beatriz Lizarraga, de 21 años, y Paula Leticia Provedo, de 20. Sus familias reclaman justicia desde esa noche hace más de 10 años, y con estos últimos hechos podemos pensar, y casi concluir, que lamentablemente tal vez nunca la tendrán. Ambas familias manifiestan claramente que hay un encubrimiento del poder político del Gobierno porteño hacia sus funcionarios de turno, encargados de habilitar y controlar las habilitaciones de los locales bailables de CABA. La familia de Ariana Lizarraga decidió no apelar la absolución pero va seguir acompañando a la familia Provedo que sí lo hará. Dicha decisión de no apelar la dieron a conocer a través de una carta presentada ante el Tribunal Oral Criminal Nº 7. En el escrito, la familia Lizarraga denunció “los vejámenes” del proceso judicial.
“Fueron 12 años muy agotadores, muy tristes y fue una desilusión terrible presenciar este veredicto de una manera tan fría, tan inhumana e injusta. Así que resolvimos en una reunión familiar no seguir adelante convencidos de que este Tribunal fue dirigido e instruido, además de haber sido formado, lo que era muy notorio”
expresó el padre de Ariana Lizarraga. “En este proceso vi cosas que no me imaginaba como ciudadano civil”, lamentó el hombre relatando cómo se establece un Tribunal a través de sorteos “para que el veredicto sea transparente” pero denunciando que, en este caso, cuando se sorteó el Tribunal y los jueces, estos “fueron reemplazados y se puso al que más afinidad o amistad tenía, mandando al oficial de suplente” y, además, trayendo a “alguien del fuero civil al penal”. También explicó que no se tuvieron en cuenta muchas declaraciones de testigos e, incluso, de un ingeniero que constató la falta de permiso especial para la obra del entrepiso y su posterior habilitación, así como tampoco las de los trabajadores del lugar que declararon haber advertido a los dueños y a los inspectores sobre la inminente caída del entrepiso, que luego causó las muertes de las jóvenes.
Es claro el blindaje mediático que tiene el gobierno porteño. Estas familias expresaron que no hay medios de comunicación que quieran hablar con ellos y nadie se interesa sobre la situación judicial de la tragedia (evitable), algo que conocemos perfectamente quienes vivimos en esta Ciudad. Pero es más que impactante seguir encontrando causas y juicios parados e incluso cerrados porque los acusados son funcionarios porteños, y quienes deben investigar son amigos del poder que gobierna la Ciudad de Buenos Aires hace ya más de 15 años.
