Rechazo al veto de la ley de movilidad jubilatoria desata represión y polémica en el Congreso
El Congreso de la Nación validó el veto presidencial de Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria, generando un clima de tensión tanto dentro como fuera del recinto. La jornada estuvo marcada por la movilización de jubilados, sindicatos y movimientos políticos, quienes se manifestaron en contra de la decisión. La protesta, que inició de manera pacífica, terminó con una fuerte represión por parte de las fuerzas federales, dejando al menos 50 heridos, entre ellos adultos mayores, una niña de 7 años y trabajadores de prensa.
La validación del veto se logró con el apoyo de 87 diputados que respaldaron la decisión del Ejecutivo. Milei calificó el accionar de estos legisladores como una “labor patriótica”, al frenar lo que consideró una medida “populista” que habría comprometido el superávit fiscal. Desde su cuenta en la red social X, el presidente expresó: “Hoy 87 héroes le pusieron un freno a los degenerados fiscales que intentaron destruir el superávit fiscal”.
Un veto que genera tensiones
La ley vetada, que había sido aprobada semanas atrás, proponía un aumento de $13.164 para las jubilaciones mínimas. Para el gobierno de Milei, esta medida suponía un riesgo fiscal que podría “quebrar las arcas públicas”. La administración sostiene que mantener un equilibrio fiscal es clave para evitar la inflación y el endeudamiento que afectan a los sectores más vulnerables, como los jubilados.
El comunicado oficial de la Oficina del Presidente destacó que “cualquier incremento en el gasto público que comprometa el equilibrio fiscal se encontrará con un muro innegociable en este Presidente y en 87 patriotas del Poder Legislativo”.
Represión y respuesta de las organizaciones
Sin embargo, la validación del veto no pasó desapercibida en las calles. Afuera del Congreso, la situación escaló cuando las fuerzas federales dispersaron a los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma. La Comisión Provincial por la Memoria reportó la brutalidad del operativo y denunció que “más de 50 personas resultaron heridas o afectadas por los gases y disparos”. Además, informó sobre la detención arbitraria de al menos dos personas.
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió un comunicado condenando la represión: “El gobierno vetó la ley que otorgaba una mejora de apenas $13.164 en las jubilaciones mínimas. Cuando las y los jubilados protestan, los reprime con palos y gases”. El CELS recordó que recibir una jubilación digna y manifestarse son derechos esenciales.
Polémicas declaraciones de Bullrich
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el accionar de las fuerzas federales y aseguró que la Policía actuó para restablecer el “orden” frente a un grupo de manifestantes que, según ella, buscaban generar violencia. En declaraciones a la prensa, Bullrich afirmó que “en estas últimas marchas hubo un grupo de militantes que fueron con piedras y palos a pegarle a la Policía”, justificando así el uso de la fuerza. Además, criticó a los manifestantes que llevaron a menores de edad a la movilización: “La responsabilidad de llevar a una nena de 10 años a una marcha rodeada de personas violentas es de una madre irresponsable”.
División política y sindical
La movilización también evidenció la creciente tensión entre las fuerzas políticas y sindicales. Mientras los sindicatos de la Corriente Federal de Trabajadores y el Frente Sindical para el Modelo Nacional lideraron las protestas, sectores de la CGT han optado por retomar el diálogo con el gobierno de Milei, lo que refleja una fractura interna en el movimiento obrero.
Para los sindicatos que se oponen al ajuste fiscal del gobierno, esta movilización marca un nuevo punto de partida para organizar un plan de lucha más amplio. Las organizaciones sociales y de derechos humanos, como la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, también participaron activamente, denunciando la represión y exigiendo justicia para los heridos y detenidos.
El desafío fiscal y político
El veto presidencial y la represión en las calles plantean desafíos tanto para el gobierno de Javier Milei como para los sectores políticos y sociales que rechazan su enfoque económico. La decisión de Milei de mantener un déficit fiscal cero, innegociable según sus propias palabras, parece ser una de las principales banderas de su administración. No obstante, la presión social por una mejora en los ingresos de los jubilados y la constante movilización en las calles podrían complicar aún más la relación entre el Ejecutivo y diversos sectores de la sociedad.
En definitiva, la validación del veto presidencial, sumada a la represión de los manifestantes, augura un escenario de creciente conflictividad social, con un gobierno decidido a mantener el control fiscal a toda costa, y con organizaciones sociales y sindicales dispuestas a continuar la lucha por lo que consideran una jubilación digna y derechos fundamentales.
