Paritaria de Comercio: el Gobierno congela salarios y pone en riesgo la negociación colectiva
El gobierno de Javier Milei volvió a intervenir en las paritarias del sector privado, en un intento de frenar los aumentos salariales para contener la inflación, pero a costa de vulnerar derechos laborales básicos. Esta vez, el conflicto se desató en la negociación de los empleados de Comercio, que afecta a más de 1,2 millones de trabajadores y que se convirtió en el caso testigo del “cepo salarial” libertario.
Lejos de la promesa de “libertad” que proclamó durante su campaña, el Ejecutivo presiona a gremios y empresarios para que no acuerden subas por encima del 1% mensual, una meta arbitraria fijada por el ministro de Economía, Luis Caputo. El resultado es una paritaria firmada, pero no homologada, lo que impide que los trabajadores cobren lo pactado, en una de las actividades con peores salarios del sector privado.
Presión estatal y paritaria frenada
La negociación salarial entre la Federación de Empleados de Comercio (FAECyS) y las cámaras empresarias (CAC, CAME y UDECA) se había cerrado hace más de dos semanas con una suba del 5,4% escalonada, sumas fijas no remunerativas y una cláusula de actualización. Pero el Gobierno decidió bloquear la homologación y convocar a las partes para exigir una rebaja del acuerdo. La maniobra desató una crisis sin precedentes entre el gremio y las cámaras, que hasta entonces mantenían una negociación “normal” según lo que establece la Ley de Contrato de Trabajo.
La Casa Rosada pasó de prometer paritarias libres a intervenir de manera directa para ajustar los ingresos de los trabajadores, una decisión que pone en tela de juicio la autonomía sindical y los derechos laborales consagrados en la Constitución.
Confusión, pagos en duda y cláusulas ignoradas
El gremio, encabezado por Armando Cavalieri, anunció que las empresas pagarían los aumentos acordados, gracias a un “diálogo responsable”. Sin embargo, los supermercados y mayoristas —que concentran a un tercio de los empleados del sector— aclararon que sólo darán “adelantos a cuenta”, mientras el gobierno siga negándose a aprobar el acta paritaria.
El artículo 10 del acuerdo establece que, si no hay homologación, igual deben abonarse los incrementos como pagos provisorios, algo que el sector empresario está incumpliendo por la presión del Ejecutivo. En los hechos, el Gobierno está incentivando a los empleadores a eludir sus compromisos salariales, generando una situación de extrema incertidumbre.
El objetivo político: frenar los precios, pero ajustando por salarios
La obsesión del Gobierno por evitar que los aumentos se trasladen a precios lo lleva a intervenir en el corazón de la negociación colectiva. El acuerdo objetado contempla subas de 1,9% en abril (más $35.000), 1,8% en mayo (más $40.000) y 1,7% en junio (más $40.000). Montos que se incorporarían al básico desde julio.
Con esos incrementos, el salario inicial apenas superaría los $1,2 millones, una cifra inferior al valor de la canasta de pobreza medida por el INDEC. Aun así, el Ejecutivo considera excesiva la mejora y busca disciplinar al gremio y a los empresarios, para evitar que otros sectores pidan lo mismo.
Inflación contenida a costa del poder adquisitivo
El Gobierno sabe que si autoriza esta paritaria, otras seguirán el mismo camino, y que los incrementos terminarán impactando en los precios. Pero la estrategia de Caputo y Milei es clara: congelar salarios para maquillar la inflación, aunque eso signifique seguir licuando el poder adquisitivo de millones de trabajadores.
Los datos del IPC CABA revelan que la inflación acumulada en lo que va del año ya supera el 11%, por lo que el acuerdo de Comercio, aun aprobado, quedaría por debajo de la suba de precios. Es decir, los trabajadores seguirán perdiendo frente a la inflación, pero para el Gobierno eso no es suficiente: quiere que pierdan aún más, con tal de sostener una estadística favorable.
Internas empresarias y fractura del discurso oficial
El conflicto también generó tensión en el frente empresario. Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y firme defensor del gobierno libertario, firmó el acuerdo con el gremio, pero ahora recibe reproches del oficialismo por no haber alineado a los grandes supermercados.
La falta de coordinación revela las contradicciones internas de un gobierno que dice defender al sector privado pero interviene en acuerdos entre privados. El resultado es un escenario inédito: empresarios divididos, gremios frustrados y trabajadores con su salario suspendido por decisión política.
Un nuevo experimento autoritario
La paritaria de Comercio refleja un cambio profundo en la orientación económica del gobierno de Javier Milei: ya no se trata sólo de ajuste fiscal, sino de disciplinamiento social y económico. El control de los salarios se convirtió en una herramienta más para sostener un modelo regresivo, que recorta derechos con el único objetivo de mostrar estabilidad a los mercados.
Mientras el Presidente insiste en que la inflación “bajó”, los salarios reales caen mes a mes y la libertad prometida se esfuma. La intervención en la mayor negociación colectiva del país es una señal de alarma para el resto de los gremios y una advertencia de que, en la Argentina de Milei, la libertad parece estar reservada solo para los que más tienen.
