Nueva Marcha de Jubilados y Expectativas de Represión: Tensión por el Protocolo Antipiquetes

Este miércoles por la tarde, los jubilados de todo el país se movilizarán nuevamente frente al Congreso de la Nación para exigir mejoras en sus haberes previsionales. La marcha se da en un contexto de creciente tensión, luego de los incidentes violentos y la represión policial durante la protesta de la semana pasada, que resultaron en un centenar de detenidos, decenas de heridos, y un fotógrafo hospitalizado tras ser golpeado en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno.

Presencia de Gremios y Organizaciones Sociales

En las dos semanas anteriores, las protestas contaron con la presencia de hinchas de clubes de fútbol, representantes sindicales y diversos partidos políticos. En esta ocasión, se espera la participación de gremios vinculados al sector educativo, sumando un componente importante de sindicatos que también exigen medidas frente a la creciente precarización laboral.

Reacción del Gobierno y Posible Represión

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que, si la marcha es infiltrada por agentes violentos que busquen desestabilizar al Gobierno, las fuerzas de seguridad procederán a reprimir las protestas. En declaraciones a Urbana Play, comparó los eventuales disturbios con los sucesos de 2001, que llevaron a la caída del presidente Fernando de la Rúa, sosteniendo que el caos en ese entonces no fue causado directamente por el fin de la convertibilidad, sino por un ambiente de desestabilización.

A pesar de los recientes incidentes, Francos negó que hubiera excesos por parte de las fuerzas federales, defendiendo la actuación de las autoridades y calificando como un “accidente” el impacto del cartucho de gas lacrimógeno que dejó al fotógrafo Pablo Grillo en grave estado. “No va a impedir que en el futuro se sigan utilizando las fuerzas en la represión de hechos violentos”, expresó el funcionario, reafirmando la postura del Gobierno respecto al uso de la fuerza en manifestaciones.

El Protocolo Antipiquetes en Debate Judicial

En paralelo, el juez Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°11, rechazó una medida cautelar solicitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que buscaba suspender el llamado “protocolo antipiquetes”, utilizado por el Gobierno nacional para evitar cortes de tránsito durante manifestaciones. Cormick, sin embargo, señaló que prestará especial atención al desarrollo de la marcha del miércoles, a raíz de los incidentes ocurridos el 12 de marzo, que, según él, “no aparecen adecuados a los principios republicanos”.

Además, Cormick indicó que observará de cerca la situación para evaluar la constitucionalidad del protocolo y las acciones de las fuerzas de seguridad. Esta postura fue respaldada por Amnistía Internacional Argentina, que junto al CELS y al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), ha cuestionado la normativa ante la posible violación de derechos fundamentales.

Un Clima de Inseguridad y Vigilancia

La movilización se enmarca en un clima de creciente tensión, tanto por las condiciones laborales de los jubilados como por las restricciones impuestas a las manifestaciones a través del protocolo antipiquetes. El Gobierno, a través de Francos, parece tener la intención de garantizar el orden, pero esto también podría desencadenar nuevos episodios de violencia en las calles, generando un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.

Mientras tanto, el debate sobre el protocolo sigue en curso en los tribunales, donde la Justicia estará observando con detenimiento el desarrollo de la protesta, buscando garantizar el respeto de los derechos fundamentales en un contexto de manifestación social. La marcha del miércoles será, sin duda, un nuevo escenario de fricción entre la ciudadanía, los gremios, los organismos de derechos humanos y las fuerzas de seguridad.