
La ciudad de Buenos Aires goza de una autonomía relativamente nueva producto de la reforma constitucional de 1994. El haber sido gobernada por delegados presidenciales y su carácter de municipalidad han generado limitadas demandas sobre el gobierno local. Para decirlo fácil se lo asocia al ABL y solo se le atribuye responsabilidad sobre el estado de calles, veredas y plazas. Nadie piensa que, como hacen todas las provincias, debería haber una fuerte inversión en un modelo productivo que genere empleo de calidad, tampoco que construya escuelas y hospitales. Mucho menos que invierta en ciencia y tecnología. Es más, la mayoría de la población cree que la responsabilidad de la seguridad sigue estando en manos nacionales.
A esta baja demanda se le suma una extraordinaria capacidad de recaudar que ha crecido un 70% desde que el Pro asumió el gobierno en el año 2007. Hay que tomar en cuenta también que todo el sistema financiero nacional tributa en esta ciudad. Gracias a esto Buenos Aires cuenta con un presupuesto similar al de ciudades europeas como Madrid o Barcelona y multiplica por dos o por cuatro al de las capitales de la región.
Esta realidad ha construido algunos mitos que señalan que la ciudad está bien gestionada o que es eficiente en el uso de sus recursos. Pero pensemos: ¿puede ser un buen gobierno aquel que en 16 años no ha construido ni un hospital, ni una escuela y que no tiene en construcción ni un metro de subte?
Hoy uno de los principales problemas de los porteños es el acceso a la vivienda. Ha bajado el número de propietarios, el 40% alquila y se ha duplicado la población en villas. El gobierno local profundiza el problema promoviendo la inversión especulativa teniendo como resultado la construcción de más de 10 millones de metros cuadrados en 10 años que en su inmensa mayoría son viviendas vacías construidas como reserva de valor. Casas sin gente y gente sin casa es el resultado de no tener como prioridad las necesidades de las personas.
En este marco es que todos los vecinos de la ciudad hemos visto crecer el número de personas en situación de calle. Las propias estadísticas de la ciudad muestran que desde que son gobierno este número pasó de 789 a 3511. Mientras que un número más realista según la Defensoría del Pueblo y muchas organizaciones sociales se acerca a las 10.000 personas en esta situación.
La respuesta del gobierno de la ciudad es decir que las personas no “quieren” ir a un parador. En primer lugar, las vacantes en los paradores no alcanzan para todos ellos. Pero además evidentemente la política pública debe ser muy deficiente si las personas prefieren quedarse en la calle sufriendo temperaturas de 2 grados. Se necesita una aproximación multidisciplinaria que atienda a estas personas en sus múltiples derechos vulnerados: salud y salud mental, laborales, vinculares y habitacionales.
Lejos de este abordaje el gobierno local tiene una mirada absolutamente estigmatizante. Su Ministro de gobierno y candidato a Jefe de Gobierno señala que estas personas son “ocupas que utilizan los cajeros como mono ambientes” y el Ministerio de higiene urbana ha llamado a una licitación por 1500 millones de pesos para que una empresa privada saque fotos de “aquellas situaciones que puedan afectar la imagen de ciudad limpia produciendo contaminación visual” entre esas situaciones se menciona “la basura, volquetes, escombros y a las personas en situación de calle y recuperadores urbanos”. Personas en el listado de la basura. Sin palabras.
Pero esta mirada absolutamente carente de humanidad no es una excepción sino la regla. A modo de ejemplo podemos mencionar la situación del asbesto que afecta la salud de los trabajadores del subte. El asbesto es una sustancia cancerígena que era muy utilizada en el pasado.
Cuando Macri era jefe de gobierno compro vagones usados en España que habían sido retirados de circulación por las denuncias de los trabajadores que habían empezado a sufrir las consecuencias en su salud. Al ponerlos en circulación en la ciudad, y sin aviso a sus trabajadores, rápidamente empezó a impactar en su salud. Hoy ya son tres los trabajadores muertos por esta causa y cientos los afectados.
El gobierno local lejos de ponerse al mando de un plan de desasbestizacion intentó negar la realidad y escondió a los trabajadores las pruebas de los impactos en la salud.
En síntesis un gobierno que toma estas actitudes y que pese a tener los recursos elige no resolver los problemas de los habitantes de la ciudad no puede evaluarse como bueno. Es más claro que los porteños sufrimos el accionar de un gobierno inhumano.