Nación incrementó los fondos para hospitales nacionales y dispuso una suba en el Nomenclador de Discapacidad
El Gobierno amplió el presupuesto del Ministerio de Salud con recursos adicionales para hospitales nacionales —entre ellos el Garrahan y el Bonaparte— y anunció un aumento del 29% al 35% para prestadores del sistema de discapacidad.
Refuerzo presupuestario para hospitales nacionales
A través de la Decisión Administrativa 29/2025, el Gobierno nacional aprobó una ampliación del presupuesto sanitario que contempla nuevos fondos para hospitales nacionales y personal de salud pediátrica, entre ellos el Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Prof. Dr. Juan Pedro Garrahan” y el Hospital en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte”, ambos ubicados en la Ciudad de Buenos Aires.
La medida se concretó fuera del marco de la Ley de Emergencia Pediátrica N° 27.796, actualmente promulgada pero suspendida, debido a que el Poder Ejecutivo solicitó al Congreso definir la fuente de financiamiento correspondiente.
El documento oficial señala que resulta “menester incrementar el presupuesto del Ministerio de Salud destinado a la atención pediátrica y a los organismos descentralizados de alta complejidad”. Además de los centros de CABA, el refuerzo incluye al Hospital El Cruce – Dr. Néstor Kirchner, Hospital SAMIC El Calafate, Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, Hospital Dr. René Favaloro y Hospital Presidente Néstor Kirchner, entre otros.
El Garrahan recibirá más de $20 mil millones
De acuerdo con la asignación presupuestaria, el Hospital Garrahan —principal centro de referencia pediátrica del país— recibirá $20.180 millones. Otros hospitales de alta complejidad —como El Cruce, El Calafate y René Favaloro— obtendrán en conjunto más de $3.380 millones.
El Gobierno nacional argumentó que, pese a la suspensión temporal de la Ley de Emergencia Pediátrica, mantiene “la voluntad de atender las necesidades de los hospitales dentro de las disponibilidades presupuestarias actuales”.
En tanto, se dispuso también reforzar las partidas del Hospital Bonaparte, especializado en salud mental y adicciones, así como las del Hospital Nacional Posadas, el Hospital Baldomero Sommer, el Hospital Ramón Carrillo y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone”.
Aumento del Nomenclador de Discapacidad
En paralelo, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) anunció un incremento de entre el 29% y el 35% en los valores del Nomenclador Único de Prestaciones Básicas para prestadores del sistema de discapacidad.
El ajuste se aplicará en tres tramos entre octubre y diciembre de 2025 y abarcará a profesionales e instituciones que brindan servicios de rehabilitación, transporte, educación, internaciones y apoyo terapéutico.
Según el comunicado oficial, la medida busca “fortalecer el sistema de atención, garantizar la continuidad de las prestaciones y reconocer el trabajo de los profesionales”, asegurando que los valores queden “por encima de la inflación proyectada”.
Críticas del Foro Permanente en Discapacidad
Sin embargo, la medida recibió críticas del Foro Permanente en Discapacidad, que consideró insuficiente el incremento anunciado.
“El aumento no compensa el atraso del 70% acumulado desde diciembre de 2023. Se paga fraccionado y recién se cobrará entre marzo y abril de 2026. Representa solo la mitad de lo que establece la Ley de Emergencia en Discapacidad”, expresaron en un comunicado.
El Foro exigió el cumplimiento pleno e inmediato de la Ley N° 27.793, también promulgada pero suspendida, y advirtió que el sistema “sigue en crisis por la falta de previsibilidad y reconocimiento”.
“Las instituciones y los profesionales sostienen, con esfuerzo, lo que el Estado continúa desfinanciando. Con la ley y la verdad, todo. Basta de engaños”, concluyó el texto difundido por la entidad.
Una política sanitaria con foco en áreas críticas
Con ambas decisiones —el refuerzo presupuestario y la actualización del nomenclador—, el Gobierno busca contener las tensiones en el sistema sanitario y de discapacidad, dos sectores con reclamos persistentes por falta de recursos.
No obstante, especialistas advierten que, sin la plena aplicación de las leyes de emergencia aprobadas por el Congreso, las medidas adoptadas solo cubren parcialmente las necesidades estructurales de hospitales, prestadores y pacientes.
El desafío, señalan, será asegurar la continuidad de la atención en los centros públicos y garantizar que los fondos lleguen de manera efectiva a las instituciones y profesionales que sostienen el sistema de salud y discapacidad en todo el país.
