Milei veta la Ley de Financiamiento Universitario: tensiones en torno al futuro de la educación pública
Javier Milei, presidential candidate of the Liberty Advances coalition, speaks at his campaign headquarters after polling stations closed during primary elections in Buenos Aires, Argentina, Sunday, Aug. 13, 2023. (AP Photo/Natacha Pisarenko)
El presidente Javier Milei anunció este viernes a través de sus redes sociales el “veto total” a la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que había sido aprobada con amplio consenso en ambas cámaras del Congreso de la Nación. Esta decisión ha generado un fuerte debate sobre el financiamiento de las universidades públicas, un tema que en Argentina ha sido históricamente motivo de intensas discusiones.
La ley, que buscaba actualizar los fondos destinados a las universidades públicas cada dos meses de acuerdo con el índice de inflación, había sido sancionada por 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención en el Senado, después de obtener 143 votos afirmativos en la Cámara de Diputados. La normativa también incluía un aumento salarial del 45% para el personal universitario, con la intención de mitigar el impacto inflacionario que ha erosionado significativamente los ingresos en el sector educativo.
Contexto y respaldo académico
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA), una de las instituciones más importantes del país, había emitido una resolución solicitando a los senadores la aprobación de la ley, argumentando la urgencia de garantizar el financiamiento adecuado para las universidades nacionales. En su comunicado, la UBA subrayó que “el poder adquisitivo del salario en el transcurso del presente año ha registrado una pérdida real en torno al 40%”, afectando tanto a los docentes como al personal administrativo.
El mismo Consejo Superior advirtió que, debido a la falta de aprobación de un presupuesto para el año 2024, resultaba “menester un marco normativo que garantice la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales durante el presente ejercicio”. Aseguraron que la ley representaba una herramienta fundamental para asegurar el correcto funcionamiento de las universidades en sus roles de docencia, investigación, extensión y salud.
La posición del gobierno
A pesar del apoyo mayoritario en el Congreso y en el ámbito académico, el gobierno de Javier Milei había expresado sus reservas con antelación. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya había manifestado la voluntad del Poder Ejecutivo de vetar la ley, alegando que no se ajustaba a los lineamientos de ajuste fiscal propuestos por la administración actual.
Por su parte, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, calificó algunos artículos de la ley como “populismo legislativo”, argumentando que se trataba de medidas imposibles de cumplir en el actual contexto económico del país, caracterizado por un déficit fiscal elevado y una inflación persistente. Para el gobierno, comprometerse a ajustar el financiamiento universitario según la inflación sería contraproducente en un escenario donde los recursos son limitados y el control del gasto público es prioritario.
Repercusiones políticas
El veto presidencial no tardó en generar una ola de reacciones en todo el espectro político. Los sectores opositores que habían impulsado la ley, integrados por bloques como la Unión Cívica Radical (UCR), Encuentro Federal y la Coalición Cívica, criticaron duramente la decisión, afirmando que se trataba de un “ataque a la educación pública” y una muestra de desinterés por parte del gobierno hacia el futuro de las universidades nacionales.
Desde la izquierda y sectores ligados al movimiento estudiantil, también surgieron voces de rechazo al veto, al tiempo que se convocaron movilizaciones en distintas ciudades del país para expresar el descontento social frente a lo que consideran una política de ajuste que afectará directamente a miles de estudiantes y trabajadores universitarios.
Un debate de fondo: la educación en tiempos de crisis
Este conflicto se enmarca en una discusión más amplia sobre el rol del Estado en la educación pública en un contexto de crisis económica. Las universidades públicas en Argentina han sido históricamente un baluarte de inclusión social y un motor de desarrollo científico, pero en los últimos años han enfrentado serias dificultades debido a la falta de financiamiento adecuado.
La decisión de Milei refleja un enfoque de política económica basado en la austeridad y el control del gasto público, que, aunque busca estabilizar las finanzas del Estado, pone en tensión sectores clave como la educación. Los críticos del veto sostienen que desfinanciar las universidades no solo afectará la calidad educativa, sino que también tendrá un impacto negativo en la equidad y el acceso a la educación superior, un pilar fundamental en la historia argentina.
Por otro lado, los defensores de la medida argumentan que es necesario revisar el gasto estatal en todos los ámbitos, incluidas las universidades, y que el financiamiento debe ser acorde a las posibilidades fiscales del país, sin comprometer el equilibrio presupuestario.
Lo que viene
A medida que se profundiza el debate sobre la educación superior, el panorama político se vuelve cada vez más incierto. Mientras los sectores académicos y políticos críticos al gobierno buscan revertir el veto presidencial o, al menos, minimizar sus efectos, el gobierno de Milei continúa defendiendo su estrategia económica como la única vía para evitar una mayor crisis financiera.
Este conflicto promete extenderse en los próximos meses, a medida que el financiamiento universitario y el rol del Estado en la educación pública sigan siendo puntos clave en la agenda política y social del país.
