Milei veta la Ley de Financiamiento Universitario: la oposición busca revertirlo en Diputados
Tal como se había anticipado, el presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario Nº 27.757, que había sido sancionada por el Congreso. La decisión llegó apenas un día después de que decenas de miles de personas se movilizaran en la masiva Marcha Federal Universitaria frente al Congreso de la Nación, en rechazo a las políticas del Gobierno respecto al financiamiento de las universidades públicas. Ahora, la oposición busca una sesión extraordinaria el próximo 9 de octubre en la Cámara de Diputados para intentar revertir la medida.
Un veto que profundiza el conflicto
A diferencia de su anterior veto a la Ley de movilidad jubilatoria, en el que Milei consiguió el apoyo de 87 diputados —integrantes de bloques radicales, PRO, La Libertad Avanza y otros regionales—, el panorama en torno al financiamiento universitario parece más incierto. Si bien algunos sectores de la oposición han mostrado posturas dialoguistas, no hay certeza sobre si esta vez habrá un apoyo mayoritario para sostener la decisión del presidente en el recinto. De hecho, desde la oposición se especula con que podría haber una movilización de votos en contra del veto, aunque aún no se conocen números definitivos.
Los fundamentos del veto presidencial
El Decreto 879/2024, emitido por el Poder Ejecutivo, sostiene que la ley sancionada es “violatoria del marco jurídico vigente”, argumentando que no se contempla el impacto fiscal que generaría ni se determinan las fuentes de financiamiento necesarias para hacer frente a sus costos. Según el decreto, cumplir con esta medida comprometería gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Milei fue más allá en su justificación, afirmando que el proyecto de ley “no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente”. En el texto también se destaca que la ley podría ser mal interpretada en cuanto al impacto económico, sugiriendo que implicaría un gasto de más de $1.5 billones, algo que, según el Ejecutivo, sería insostenible.
Un conflicto sobre la recomposición salarial
Uno de los puntos más sensibles del debate gira en torno a la situación salarial del personal docente y no docente de las universidades. El decreto de Milei argumenta que, entre diciembre de 2023 y agosto de 2024, la recomposición salarial del sector alcanzó el 87%, lo que, en términos comparativos, se ubica por encima del 78% de aumento otorgado al resto del personal de la Administración Pública Nacional. Sin embargo, la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el mismo período fue del 144%, lo que genera una fuerte tensión en las universidades, donde se denuncia que la inflación ha socavado el poder adquisitivo de los trabajadores, afectando la calidad educativa y el desarrollo académico.
Reacción y lucha desde el ámbito universitario
El veto presidencial ha generado una fuerte reacción en la comunidad universitaria. Desde las universidades públicas, sindicatos y la Federación Universitaria Argentina (FUA), que agrupa a los estudiantes, no solo se organizó la movilización del miércoles, sino que ya se anticipan nuevas acciones para presionar al Gobierno. La defensa de la educación pública, gratuita y de calidad es un eje central del reclamo, y los actores involucrados advierten que la continuidad de las universidades está en juego si no se garantiza un financiamiento adecuado.
Los rectores y docentes, a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), también expresaron su preocupación. La falta de previsibilidad en el presupuesto y el deterioro salarial agravan la crisis que atraviesan las instituciones de educación superior en el país, muchas de las cuales dependen en gran medida de estos fondos para su funcionamiento diario.
El futuro en el Congreso
La sesión prevista para el 9 de octubre en la Cámara de Diputados será clave para definir el futuro de la Ley de Financiamiento Universitario. La oposición intentará conseguir los votos necesarios para revertir el veto, pero el desenlace es aún incierto. Mientras tanto, el debate sobre el financiamiento de las universidades públicas y el impacto de las políticas de ajuste económico del Gobierno seguirá marcando la agenda pública en las próximas semanas.
Con este veto, Milei enfrenta una nueva etapa de tensiones con sectores claves de la sociedad, como la comunidad universitaria, que ya ha demostrado su capacidad de movilización. Los próximos días serán cruciales para evaluar si el gobierno logra mantener su postura o si, por el contrario, el Congreso logra dar un golpe político que modifique el curso de esta historia.
