Lago Escondido affaire: el Frente de Todos porteño pidió el juicio político a Mahiques y D´alessandro

La presentación se dio tras el pedido del presidente de la nación hecho por cadena nacional, y contempla la formación de una causa por comisión de delito y mal desempeño de sus funciones.

 La tarde del 5 de diciembre, el Presidente Alberto Fernández solicitó por cadena nacional al bloque de legisladores porteños, que “evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el Juicio Político”. Esa fue la forma en la que el Jefe de Estado eligió para referirse a las maniobras que buscaban encubrir la reunión en la casa del británico Joe Lewis, donde Mauricio Macri fue el anfitrión; hechos que se dieron a conocer públicamente gracias al diario Tiempo Argentino.

     Sin tiempo que perder, el bloque del FdT hizo acuse de recibo y elaboró dos proyectos de juicio político: el primero contra el Marcelo Silvio D’ Alessandro, ministro porteño de Justicia y Seguridad; y el segundo contra el Fiscal General de CABA, Juan Bautista Mahiques. En ambos casos solicitan que se forme “causa por comisión de delito y mal desempeño de sus funciones (…) según el procedimiento del juicio político previsto por los arts. 92 a 94 de la Constitución de la Ciudad”.

  Sostuvieron que “A los efectos de cumplimentar lo establecido en el artículo precedente, convócase a la Sala Acusadora para el día 07/12/2022 a las 12:00 horas, para la designación de su presidencia y los miembros de la Comisión Investigadora prevista en el artículo 94 de la Constitución de la Ciudad. La Sala Acusadora, sesionará en el recinto de sesiones de esta Legislatura debiendo la vicepresidencia primera proveer de todos los elementos necesarios para su funcionamiento”.

    Los fundamentos sobre los cuales se apoya el pedido de juicio político giran en torno a lo  que salió a la luz de los grupos de chats «Operación Pagina12” y “Donato contraataca” que: “confirman un entramado de jueces, fiscales, ministros y dueños de medios de comunicación dando verdadera dimensión de lo que significa el «lawfare» en la República Argentina”. Entre sus párrafos destacan la creación de una mesa judicial cuyo centro de operación se sitúa en la ciudad de Buenos Aires, con

“cruces de mensajes criticando dirigentes, incentivando fraguar pruebas, armado de causas, detenciones arbitrarias, promesa de «hacer cagar» a funcionarios nacionales, etc., son solo parte de algunas de las líneas que dejaron trascender los chats del autodenominado ‘Grupo Huemul’”.

   Según lo publicado en redes sociales por el diputado de la Ciudad, Juan Manuel Valdés, el pedido del juicio político es “para saber si al aceptar un viaje en avión privado incurrieron en una falta ante la ley de ética pública porteña”. Para el legislador del FdT, no hay lugar para la duda en la interpretación de la ley ya que en los artículos 52 y 53 se establece la prohibición de recibir obsequios, entre ellos, el pago total o parcial de gastos de viaje. “Los funcionarios deben dar las correspondientes explicaciones”, sentencia Valdés.

     En lo que refiere al pedido de juicio político sobre Juan Mahiques, el documento afirma que el Fiscal General formó parte de un grupo conformado con otros funcionarios importantes de la ciudad, de la Nación y del anterior gobierno de Mauricio Macri, “con el fin de prefabricar y adulterar pruebas, inventar coartadas, incluso fabricar facturas “truchas” para demostrar que todo fue legal”. En la misma línea, según surge del grupo de telegram creado por Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto, bajo el nombre ‘Donatto Contraataca’, “con fecha 28 de Octubre mediante un  audio en el cual el fiscal asegura haber intervenido en diversas cuestiones sobre el tema que se investiga, «el viaje de los Funcionarios a Lago Escondido» (sic) y agrega: “Muchachos les cuento la fiscal federal de Bariloche bien, buena predisposición, ofreció mandar  la causa a Py y en su defecto pedir que lo llevemos nosotros o la empresa la factura  del  vuelo y eventualmente del hospedaje, con los que salieron en charter y en base a eso “Cerrarla”, si todos están de acuerdo avanzo con una de estas opciones”.

     Respecto al mal desempeño de Marcelo D’Alessandro en sus funciones, los fundamentos recogen algunas situaciones ocurridas en los últimos meses y que, al ser analizadas en su conjunto, demuestran que ha utilizado a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para llevar adelante objetivos políticos personales; entre las cuales se puede citar la ocurrida a partir del lunes 22 de agosto, luego de los alegatos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, en el marco de una causa judicial que tiene como único fin continuar con la persecución a Cristina Fernández de Kirchner, donde “un grupo de personas se manifestaron en el domicilio de la misma con cánticos agraviantes y diversas amenazas hacia su persona. Dentro de estas personas se encontraban integrantes del grupo Revolución Federal, hoy procesados por el delito de intimidación pública”.

    También señalan que “ese mismo día, la Policía de la Ciudad empezó con un despliegue represivo injustificado hacia aquellas personas que acompañaban a la Vicepresidenta”; que hubo policías apostados en los balcones de los edificios que filmaban en todo momento, como sucedió en días anteriores, a cada uno de los manifestantes, “en flagrante violación a la ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y su modificatoria 27.126”; que más tarde comenzó un despliegue represivo “que llegó al punto de que un grupo de policías sin razón alguna agredieron  y golpearon al Diputado Nacional Máximo Kirchner, presidente del PJ Bonaerense e hijo de la actual Vicepresidenta”.

  Finalmente, para el bloque de legisladores del FdT

“resulta inadmisible que estos funcionarios sigan en sus cargos luego de haber quedado expuesta su participación directa en un hecho de enorme gravedad institucional en el que incumplieron la Ley de integridad pública de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada por la Legislatura porteña en el año 2020″.