LA PRECARIZACIÓN NO PARA: PASANTÍAS ESCOLARES COMO MANO DE OBRA BARATA

La totalidad de los y las estudiantes de quinto año tendrán que cumplir con 80 horas de “experiencia laboral” en una empresa u ONG para aprobar. Analicemos esta política que lleva el sello PRO.

  Corría diciembre de 2021. Es en ese momento cúlmine del año que el gobierno porteño anunció que, a partir del 2022, los y las estudiantes secundarios deberán trabajar para aprobar y egresar de ese ciclo. Lo harían mediante un programa que ya había sido cuestionado por su perfil flexibilizador y precarizador ya que consiste en pasantías que, con la excusa de una formación educativo-laboral, brinda mano de obra barata para empresas y organizaciones. Tras un curso introductorio que incluye educación financiera, las propuestas buscan abarcar a unos 29.400 chicos -11.250 de colegios públicos y 18.150 de privados- de los 442 establecimientos educativos. Éstas tendrán una duración de 120 horas cátedra que se distribuirán a lo largo del año y que se suman a 30 horas de espacio de capacitación sobre educación financiera y habilidades blandas para el trabajo, tal como mencionamos anteriormente.

          Las denominadas “prácticas educativas en el ambiente laboral” se aplicarán de forma obligatoria, es decir de manera compulsiva, tanto en escuelas públicas como privadas, y van a ser parte de la cursada necesaria para aprobar y egresar del ciclo. 

      Las mismas se realizarán en empresas reconocidas tales como Banco Galicia, Banco Ciudad, Infobae, la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, Pampa Energía, la red de gimnasios Megatlon, Bolsas y Mercados Argentinos y la Cámara Argentina de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerio, entre otras.

      En el inicio del ciclo lectivo 2022, Horacio Rodriguez Larreta recordó que la Secundaria del Futuro se inscribe en el Plan Integral de Transformación Educativa, que contempla que en el último año de secundaria los estudiantes realicen prácticas educativas en ámbitos laborales. Además, destacó que las prácticas que se iniciaron serán “un avance enorme en la transformación educativa que tenemos que impulsar, que es la educación del siglo XXI para chicos del siglo XXI”.

            Es preciso recordar que esta iniciativa es parte de un proyecto lanzado hace casi cinco años y que cobró relevancia y visibilidad durante la última campaña electoral, en la que la alianza Juntos por el Cambio se aferró al concepto “educación” como caballito de batalla para confrontar con el gobierno nacional.

           Sin embargo, veamos qué hay detrás de esta política que lleva la marca de gestión PRO: mucho marketing y maquillaje pero poco diálogo con los sectores involucrados. Observemos las críticas que surgen a este proyecto.

            La implementación encuentra voces críticas entre estudiantes, sindicatos docentes y, también, de parte de organismos como la Asesoría Tutelar de Cámara, cuyo titular, Gustavo Moreno, presentó una nota ante la responsable del Ministerio Público Tutelar, Carolina Stanley, para que reclame al máximo tribunal de la Ciudad que resuelva respecto de la obligatoriedad de las prácticas.

            Ya en 2019, un tribunal de primera instancia ratificó la letra de la ley 3541 que especifica que las prácticas profesionales no pueden tener carácter obligatorio, pero posteriormente la Cámara revocó el fallo. Moreno presentó un recurso de queja que está en manos del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad desde septiembre de 2020.

         “Bajo el eufemismo de ‘Actividades de Aproximación al mundo del trabajo y a los estudios superiores’, el Poder Ejecutivo local impone con carácter obligatorio” prácticas preprofesionales expresamente reguladas en la ley 3541, cuyo art. 2”

sostuvo Moreno en diálogo con Télam.

           Por su parte, el auditor General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lisandro Teszkiewicz, aseguró que el problema que presenta esta política del ministerio de educación porteño es que “no incorpora prácticas laborales al programa de educación media, sino que reemplaza contenidos educativos por prestar servicios en puesto de baja calificación y entrenamiento laboral”. Y sentenció que el programa, tal como se implementa, “no aporta capacidades significativas a las y los estudiantes, sin herramientas de control que permitan garantizar la no explotación laboral”

           Lo que no mencionan Rodríguez Larreta y su ministra de educación, Soledad Acuña, es la palabra “pasantías” a la que siempre se asocia con bajos estipendios que no tienen carácter de salarios, aunque la modalidad de estas prácticas laborales sería esa. Es decir,  se ofrece mano de obra no especializada a las empresas, sin experiencia y que suelen pagarse con una contrapartida que no llega al Salario Mínimo Vital y Móvil ni establece una relación laboral formal con los trabajadores y las trabajadoras.

 De esta manera, nuevamente el PRO vende espejitos de colores que en el fondo esconden una flexibilización laboral hacia nuestros jóvenes. Porque en la ciudad, lo único que no para es la pérdida de derechos.