La Justicia procesó a empresarios por contratos irregulares en las gestiones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta
Investigan un esquema de sobreprecios y empresas fantasma que facturaron más de $49 millones al Gobierno porteño entre 2013 y 2018. Los hermanos Solmi enfrentan cargos por lavado de activos.
Un expediente judicial reveló un entramado de corrupción y presunto lavado de dinero que operó durante las administraciones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. En el centro de la investigación están los hermanos Víctor Enrique, Sergio Gustavo y Víctor Manuel Solmi, quienes, a través de las firmas Citepa SA y Varberg SA, obtuvieron contratos millonarios para tareas de limpieza y remoción de grafitis que, según la Justicia, nunca se habrían realizado o se ejecutaron de manera mínima.
Entre 2013 y 2018, las empresas recibieron adjudicaciones directas por más de $49 millones de organismos como Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) y el Ministerio de Educación porteño. El esquema se sostenía, de acuerdo a la resolución judicial, en la falta de empleados, infraestructura y maquinaria, mientras que las facturaciones se respaldaban con informes internos que validaban supuestas urgencias o especialidades técnicas para evitar llamados a licitación pública.
La causa, que investiga el juez federal Sebastián Casanello, se inició en 2017 tras una denuncia de la AFIP por evasión fiscal. A partir de allí, se reunieron documentos contables, registros bancarios y conversaciones extraídas de teléfonos secuestrados que muestran la conexión directa entre los Solmi y funcionarios de las áreas contratantes. Según la investigación, las empresas estaban registradas a nombre de testaferros, mientras que las ganancias eran administradas por los hermanos a través de operaciones financieras destinadas a blanquear fondos.
En su resolución, Casanello procesó a once personas por lavado de activos y ordenó embargos por un total de hasta $18 mil millones. El expediente detalla que parte del dinero fue transferido a cuentas en el exterior o canalizado a la compra de bienes inmuebles, vehículos de alta gama y otros activos para ocultar su origen.
El caso no solo involucra a empresarios, sino que pone bajo escrutinio el sistema de contrataciones directas durante dos gestiones que tuvieron proyección nacional. La modalidad de justificar la ausencia de licitaciones por supuestas necesidades inmediatas se repite en otros expedientes, lo que despierta interrogantes sobre la falta de controles internos y el rol de las auditorías porteñas.
Ahora, la investigación avanzará hacia la Cámara Federal Porteña, que deberá confirmar o revocar los procesamientos dictados por Casanello. En paralelo, fuentes judiciales no descartan que se amplíe la pesquisa hacia ex funcionarios que podrían haber facilitado el circuito de contrataciones irregulares.
El impacto político es inevitable: el caso revive el debate sobre la transparencia en la gestión de fondos públicos y refuerza los reclamos por mecanismos más estrictos de control y rendición de cuentas en la administración de la Ciudad. Para la Justicia, se trata de un esquema de corrupción estructural que trascendió gestiones y que, de confirmarse en juicio, podría derivar en condenas severas.
