La justicia porteña ordena al GCBA completar el catálogo de inmuebles históricos
La Cámara de Apelaciones de Buenos Aires ha ratificado un fallo de primera instancia que obliga al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) a completar el catálogo de inmuebles construidos antes de 1942, para garantizar su protección patrimonial. Este fallo, que responde a una ley de 2009, pretende frenar las demoliciones y preservar el patrimonio arquitectónico de la ciudad.
La Sala N°1 de la Cámara, integrada por los jueces Pablo Mántaras, Carlos Balbín y Fabiana Schafrik, rechazó la apelación del GCBA contra el fallo emitido en abril del año pasado por el juez de primera instancia Aurelio Luis Ammirato. El veredicto señala que el gobierno porteño no ha cumplido con la ley que estipula la catalogación de inmuebles anteriores a 1942, creando un vacío legal que facilita las demoliciones.
Según la ley, el GCBA debe completar un relevamiento de todos los edificios construidos antes del 31 de diciembre de 1941. Este relevamiento, realizado parcialmente en colaboración con la Facultad de Arquitectura de la UBA, identificó aproximadamente 141 mil edificios. No obstante, solo 5800 de estos han sido incluidos en el Listado de Inmuebles Catalogados del Código Urbanístico, evidenciando una significativa omisión en el cumplimiento de sus deberes.
Hasta que el catálogo sea completado, el GCBA no podrá autorizar demoliciones de los inmuebles afectados, salvo que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) lo permita específicamente. Este organismo será el encargado de evaluar y decidir sobre la protección de estos edificios.
El fallo subraya que el GCBA ha incurrido en una “omisión ilegítima” al no completar el relevamiento en los 15 años desde la aprobación de la ley. “Es dable afirmar que el Gobierno incurrió en una omisión ilegítima en el cumplimiento de sus funciones de resguardo respecto de tales bienes”, sentenciaron los jueces.
Organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), Basta de Demoler (BdD), la Fundación Ciudad y SOS Caballito, que impulsaron la causa, celebraron el fallo como una victoria judicial significativa. “La sentencia judicial reconoce la necesidad de proteger el patrimonio de la Ciudad y que este no quede sujeto en un limbo indefinidamente”, afirmó Jonatan Baldiviezo, abogado del ODC.
Baldiviezo criticó al GCBA por postergar la catalogación, alegando que prefieren evaluar los inmuebles a medida que se solicitan los permisos de demolición, lo que sujeta el proceso a intereses inmobiliarios y a procedimientos poco transparentes.
Las organizaciones también demandan una mayor transparencia en el CAAP y en la Dirección General de Interpretación Urbana (DGIUR). Advierten que la falta de criterios claros y la flexibilización de las protecciones legales están diluyendo las políticas de preservación del patrimonio arquitectónico de Buenos Aires.
Desde Basta de Demoler, se reclama una auditoría del CAAP y la DGIUR para evaluar la discrecionalidad y falta de transparencia en la modificación de la escala e identidad de la ciudad. “Vemos con alarma la discrecionalidad y falta de transparencia con la que se está modificando la escala e identidad de Buenos Aires para siempre”, señalan desde la organización.
El fallo de la Cámara de Apelaciones marca un paso decisivo hacia la protección del patrimonio arquitectónico de Buenos Aires. Mientras el GCBA trabaja en completar el catálogo, la suspensión de las autorizaciones de demolición busca asegurar que los inmuebles históricos no sean destruidos sin una evaluación adecuada. Este proceso, aunque tardío, podría sentar un precedente importante para la preservación del legado cultural y arquitectónico de la ciudad.
