La Falta de Fondos Coparticipables, un Ataque a la Autonomía de Buenos Aires

En un país donde la centralización del poder sigue siendo una cuestión crítica, la reciente negativa del Gobierno nacional de transferir los fondos coparticipables a Buenos Aires no es solo un problema financiero, sino un ataque directo a la autonomía de la ciudad. Este conflicto pone en evidencia las tensiones persistentes entre la capital y el Gobierno federal, y subraya la necesidad urgente de un sistema más justo y transparente de distribución de recursos.

Desde la asunción de Jorge Macri como jefe de Gobierno porteño y Javier Milei como presidente de la Nación, las reuniones entre ambas administraciones han sido infructuosas. A pesar de los intentos de diálogo, los fondos que deberían haberse transferido conforme al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) siguen sin llegar a Buenos Aires. Según el GCBA, en mayo, la ciudad recaudó 20 mil millones de pesos menos debido a esta falta de fondos.

Es crucial recordar que esta disputa no es nueva. La raíz del problema se encuentra en los recortes implementados por el expresidente Alberto Fernández, que redujeron el porcentaje de coparticipación asignado a la ciudad del 3,5% al 1,4%. En respuesta, el exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta presentó un amparo, lo que llevó a la CSJN a ordenar que el Gobierno nacional transfiera el 2,95% de los fondos coparticipables de manera diaria a través del Banco Nación.

El fallo de la CSJN, emitido en diciembre de 2022, debía resolver este conflicto, pero su incumplimiento por parte del Gobierno nacional ha dejado a Buenos Aires en una posición precaria. Este acto de desobediencia no solo infringe una orden judicial, sino que también subraya una falta de respeto hacia el principio de federalismo que debería guiar las relaciones entre el Gobierno central y las provincias, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La retención de estos fondos afecta directamente la capacidad del GCBA para llevar a cabo proyectos vitales y mantener servicios esenciales. Como señaló Jorge Macri en una reciente reunión del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF): “Seguimos esperando del Gobierno nacional los fondos de coparticipación fijados por el fallo de la Corte. Ya es tiempo de que se cumpla. Son recursos que necesitamos y que nos corresponden constitucionalmente”.

La falta de estos recursos no es solo un problema administrativo; tiene consecuencias tangibles para los habitantes de Buenos Aires. Menos fondos significan menos inversión en infraestructura, educación, salud y seguridad. En un contexto de alta inflación y desafíos económicos, la negativa del Gobierno nacional a cumplir con su obligación legal exacerba las dificultades que enfrenta la ciudad.

El conflicto sobre los fondos coparticipables pone de manifiesto una cuestión de principios más amplia. ¿Es Buenos Aires una ciudad autónoma con derechos reconocidos y respetados por el Gobierno nacional, o es simplemente una entidad subordinada que debe aceptar decisiones arbitrarias desde la Casa Rosada? La respuesta a esta pregunta tiene implicaciones profundas para la gobernabilidad y la democracia en Argentina.

Es imperativo que el Gobierno nacional cumpla con la medida cautelar dictada por la CSJN y restablezca el flujo de fondos hacia Buenos Aires. Esta acción no solo aliviaría la presión financiera sobre la ciudad, sino que también demostraría un compromiso con el federalismo y la justicia.

Al mismo tiempo, el GCBA debe continuar defendiendo los derechos de la ciudad y explorando todas las vías legales y políticas para asegurar que se cumplan las decisiones judiciales. La autonomía de Buenos Aires no es un lujo, sino una necesidad para su desarrollo y bienestar.

El conflicto por los fondos coparticipables es un reflejo de las tensiones más amplias en el sistema político argentino. Resolver esta disputa de manera justa y rápida no solo beneficiará a Buenos Aires, sino que también fortalecerá la democracia y el federalismo en todo el país. Los porteños merecen un gobierno que luche por sus derechos y un Gobierno nacional que respete la ley y los principios de equidad y justicia.