La Ciudad debate su propio sistema penitenciario para enfrentar la crisis de sobrepoblación
El colapso en comisarías y alcaidías empuja a la Legislatura porteña a avanzar con una Ley de Ejecución Penal propia
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires avanza con el debate de un proyecto clave para la autonomía judicial del distrito: la creación de su propio sistema penitenciario. Hasta el momento, la Ciudad no cuenta con cárceles bajo su gestión, y depende del Complejo Penitenciario de Devoto, que es administrado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich.
El detonante de esta discusión legislativa es la grave situación de hacinamiento que atraviesan las comisarías y alcaidías porteñas, donde actualmente hay detenidas 2.464 personas en espacios cuya capacidad es de solo 1.300, según datos recientes de la Procuración Penitenciaria de la Nación. El doble de la capacidad operativa, lo que ha derivado en varios episodios de fuga en los últimos meses.
Una deuda estructural con la autonomía judicial
Desde que la Ciudad obtuvo su autonomía en 1996, el control sobre el sistema penal y penitenciario ha sido un tema pendiente, particularmente en lo que respecta a la ejecución de penas y administración de cárceles. Con este nuevo proyecto, el gobierno porteño busca saldar esa deuda institucional y garantizar condiciones adecuadas de detención, con estándares propios y un régimen diferenciado del Sistema Penitenciario Federal.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, tomó nota de la crisis y en marzo pasado creó la Subsecretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, que está bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y es conducida por el dirigente radical Leandro Halperín. Desde ese momento, se puso en marcha el diseño de un modelo penitenciario propio, cuya base es el anteproyecto de Ley de Ejecución Penal que se discute actualmente en la Legislatura.
Debate técnico y político en comisiones
En los últimos días, se realizó un plenario conjunto de las comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales, Seguridad y Legislación del Trabajo, con la participación de funcionarios, juristas, especialistas y representantes de organismos de derechos humanos, para abordar los distintos ejes de la iniciativa.
Uno de los puntos más relevantes del debate es la necesidad de garantizar derechos básicos en contextos de encierro, como el acceso a la salud, la educación y el trabajo, así como mecanismos claros para la reinserción social. En este sentido, el proyecto no sólo busca resolver una crisis operativa, sino también construir un paradigma moderno y respetuoso de los derechos humanos.
La medida cuenta con respaldo del oficialismo porteño y el acompañamiento de varios sectores de la oposición, aunque todavía no hay una fecha definida para su votación en el recinto. La aprobación permitiría sentar las bases legales para la creación de establecimientos penitenciarios propios, probablemente fuera del tejido urbano más denso, y con estándares adecuados a la capacidad del distrito.
Fugas y hacinamiento, el panorama actual
El problema de la sobrepoblación carcelaria en la Ciudad se volvió inocultable. Desde 2023, los casos de fuga de detenidos en comisarías aumentaron notablemente, en un contexto en el que muchas de esas dependencias carecen de infraestructura adecuada para la detención prolongada. La situación afecta tanto a las personas privadas de su libertad como al personal policial y penitenciario, que trabaja en condiciones de extrema presión.
El Ejecutivo porteño sostiene que la falta de un sistema propio limita las posibilidades de control y planificación, y que depender del Servicio Penitenciario Federal para el alojamiento de condenados entorpece los procesos judiciales y complica las políticas de seguridad ciudadana.
Un paso hacia la autonomía plena
Con esta nueva legislación en marcha, la Ciudad busca completar su arquitectura institucional en materia penal, al igual que lo hizo en los últimos años con la transferencia de competencias judiciales. El proyecto de Ley de Ejecución Penal se inscribe, así, en una política más amplia de fortalecimiento de la justicia porteña y su independencia funcional del Estado Nacional.
Si bien resta discutir aspectos operativos, como la localización de nuevos centros de detención y la inversión presupuestaria necesaria, el consenso creciente en torno al proyecto marca un giro relevante en la política criminal de la Ciudad de Buenos Aires.
