Freno a los juicios de lesa humanidad
El Ministerio de Defensa ha tomado la controvertida decisión de desmantelar el área encargada de investigar los crímenes de la dictadura, despidiendo a diez de sus trece trabajadores. Este movimiento ha generado una ola de críticas y preocupación por parte de diputados, organismos de derechos humanos y abogados querellantes, quienes lo ven como un intento de obstaculizar el proceso de verdad y justicia.
La medida, implementada por el ministro Luis Petri, apunta a finalizar con los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) documental que operaban dentro de las Fuerzas Armadas desde 2010. Estos equipos han contribuido con más de 170 informes en las causas de lesa humanidad, brindando un valioso apoyo a los tribunales y fiscalías en la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura militar.
Los despidos se produjeron poco después de que el ministro de Defensa expresara que las Fuerzas Armadas habían sido “demonizadas” por su participación en los hechos ocurridos durante los años ’70, y de que se fotografiara con Cecilia Pando, conocida por reclamar la liberación de represores a quienes considera “presos políticos”.
Esta decisión ha generado indignación en el movimiento de derechos humanos y entre los operadores judiciales, quienes se han congregado para expresar su rechazo en una conferencia de prensa en la Legislatura porteña. Diversos referentes políticos, incluidos legisladores, han denunciado el vaciamiento de un área fundamental para el seguimiento de los juicios y han exigido la apertura de todos los archivos relacionados con la represión.
La medida también ha sido cuestionada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abuelas de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S Capital, quienes la consideran un intento de obstaculizar el proceso de justicia y de averiguación de la verdad. Advierten sobre la preocupación de que la conducción del Ministerio de Defensa esté ahora mayormente a cargo de militares retirados, lo que podría influir en la investigación del rol de las Fuerzas Armadas durante la dictadura.
Los trabajadores despedidos, representados por Angélica Enz, han denunciado que el área desaparecerá y que los requerimientos de la justicia serán respondidos por las propias fuerzas, lo que podría generar conflictos de interés y falta de conocimiento específico. Han advertido que esto afectará la respuesta a unas 30 causas abiertas que quedaron sin atender.
El abogado Pablo Llonto ha anunciado que presentarán una medida cautelar para reclamar la reincorporación de los despedidos, destacando que son las personas adecuadas para las tareas que desempeñaban y que su despido es un intento de ocultar información y obstaculizar la búsqueda de justicia.
La decisión del Ministerio de Defensa ha generado una fuerte reacción en la sociedad y entre los defensores de los derechos humanos, quienes consideran que representa un retroceso en los avances logrados en la lucha por la memoria, verdad y justicia en Argentina. A la salida de la conferencia de prensa, se vivieron momentos de emotividad y solidaridad entre los presentes, evidenciando el impacto que esta medida ha tenido en quienes trabajaron incansablemente por la verdad y la justicia durante años.
