Fallecimiento de Daniel Goral en el Ministerio de Justicia expone crisis laboral en la administración pública

Ayer, martes, Daniel Goral, empleado administrativo de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia, falleció tras un colapso en su lugar de trabajo, en medio de crecientes tensiones por despidos masivos en la cartera dirigida por Mariano Cúneo Libarona. Goral, de 68 años y con treinta años de carrera, estaba cada vez más preocupado desde que se anunció un ajuste que afectaría a 1.200 empleados antes de fin de año.
El fatídico episodio ocurrió mientras Goral, con antecedentes cardíacos, conversaba por teléfono con su hermana. Aunque el SAME llegó a los 15 minutos, no lograron reanimarlo. Dos desfibriladores presentes en el edificio no funcionaron, lo que agrava la tragedia, ya que su reparación había sido solicitada meses atrás sin respuesta, en el marco de los recortes en el sector público.
Según Rubén López, secretario de acción política de ATE Capital, la situación laboral en el Ministerio se ha deteriorado gravemente. La incertidumbre y angustia por los despidos masivos, vinculados a las políticas de ajuste impulsadas por Javier Milei, ha generado un clima de miedo y bronca entre los empleados. López destaca que el pánico del viernes se transformó en indignación el lunes, reflejando el impacto emocional y económico en cientos de familias.
El fallecimiento de Goral pone en evidencia no solo el impacto psicológico de las medidas de ajuste, sino también el deterioro de las condiciones de trabajo en la administración pública. López denuncia una “enorme pérdida de derechos”, con sueldos pagados parcialmente en negro, a pesar de un fallo de la Corte Suprema en 2023 que obliga al Ministerio de Justicia a blanquear los salarios en su totalidad.
El caso de Goral es un trágico ejemplo del estrés acumulado por los trabajadores ante la precariedad laboral. Muchos empleados del Ministerio trabajan bajo contratos temporales que los dejan vulnerables a despidos en cualquier momento. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) emitió un comunicado de despedida para Goral, expresando su dolor y exigiendo el fin de la violencia laboral: “No queremos más crueldad y violencia laboral”, concluye el texto.
Este hecho subraya la necesidad urgente de una revisión profunda de las políticas de empleo público y del impacto que los ajustes económicos están teniendo sobre la vida y salud de los trabajadores.