Escándalo en la Policía de la Ciudad: un oficial detenido por la venta ilegal de armas no letales
Un nuevo caso de corrupción sacude a las fuerzas de seguridad porteñas. Brian Max Torrico, oficial de la Policía de la Ciudad, fue detenido bajo la acusación de robar armamento no letal perteneciente a la institución y revenderlo a través de redes sociales. Las armas, que incluyen rifles lanzadores y pistolas de gas, fueron ofrecidas por cifras cercanas al medio millón de pesos cada una.
La investigación: del hurto a la red de ventas ilegales
El caso comenzó a desenredarse tras la denuncia presentada por un alto directivo de la empresa Bersa, especializada en la fabricación de armamento. Según la declaración, un inventario realizado luego de una mudanza entre Ezeiza y un depósito en Vicente López reveló el faltante de armas y municiones.
La Sub DDI de Vicente López, dependiente de la Policía Bonaerense, lideró la investigación. Detectaron que las armas hurtadas eran comercializadas a través de redes sociales por una armería de Isidro Casanova. Con esta información, se organizaron operativos encubiertos para realizar compras ficticias que permitieron atrapar a los involucrados.
Torrico, de 30 años y con el rango de oficial en el Departamento de Operaciones Urbanas de Contención, fue arrestado mientras intentaba vender rifles lanzadores y 125 garrafas de CO2. Su primo, Lucas, también fue detenido al participar en otra venta con un lote de 21 pistolas.
Un oficial con acceso a áreas sensibles
El caso genera preocupación debido al rol que Torrico desempeñaba en la fuerza. Ingresó a la Policía de la Ciudad en 2017, como parte del traspaso de la Policía Federal, y ocupaba un puesto clave en un área dedicada al control y la contención urbana.
El acceso a armamento y recursos estratégicos en manos de un oficial involucrado en actividades ilícitas plantea serios interrogantes sobre los controles internos de la fuerza y los mecanismos para prevenir estos delitos.
El impacto en la seguridad pública
Este escándalo pone nuevamente en el centro del debate la falta de control en la gestión de recursos en las fuerzas de seguridad. La comercialización de armas no letales en mercados informales no solo atenta contra la institucionalidad, sino que también genera un riesgo potencial para la población, al facilitar el acceso a armamento a personas sin escrutinio previo.
El fiscal Alejandro Guevara, a cargo de la UFI Vicente López Oeste, está investigando la causa bajo la carátula de hurto, aunque podrían sumarse otros cargos en función del avance de las pesquisas.
Este episodio no solo afecta la imagen de la Policía de la Ciudad, sino que también pone en evidencia la necesidad urgente de reforzar los sistemas de auditoría y transparencia en las instituciones de seguridad, para evitar que los recursos destinados a la protección ciudadana terminen en redes de ilegalidad.
