
El martes 6 de diciembre se dio lo que se esperaba. Tal como marcaba el guión dictado por el poder económico-político-mediático de nuestro país, Cristina Fernandez de Kirchner fue condenada a la pena de 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El Tribunal Oral Federal N° 2 fue el pelotón de fusilamiento que gatilló (en este caso, sólo metafóricamente por fortuna) sobre la actual vicepresidenta de la nación.
La sentencia debe ser leída en el contexto que se da. Estamos en vísperas de un nuevo año electoral en el que se dirimirá ni más ni menos que la presidencia de la nación, entre otros cargos. El carácter proscriptivo de la sentencia es innegable. Una candidata condenada “mancharía” a su fuerza política en un proceso electoral que promete ser, de mínima, áspero.
Está claro que estamos frente a la consumación del “lawfare”, un término sobre el que venimos hablando hace rato pero que ahora se vuelve palpable en una condena concreta. La persecución judicial a la dirigenta política más importante de la Argentina no es nueva. Desde su segunda presidencia que es atacada por quienes son los que verdaderamente detentan el poder en nuestro país. El cónclave político-judicial-mediático secreto en Lago Escondido que sacó a la luz Página 12 y los chats de Telegram que salieron en Tiempo Argentino son solo una muestra del pus que encierra uno de los poderes de nuestra república, el Estado paralelo que se ha erigido a espaldas de la población.
Sabemos que el fallo carece de toda legitimidad. Como todo proceso judicial y su sentencia, el mismo debe sustentarse en pruebas categóricas respecto a su responsabilidad penal y a un respeto irrestricto del debido proceso y el derecho de defensa que la ampara. No obstante, bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, se violaron las garantías fundamentales del Estado de Derecho: se desconocieron garantías básicas del debido proceso tales como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad al que debe ajustarse el Ministerio Público Fiscal. Esa era la única manera en la que el Tribunal, haciendo lugar a lo pedido por los fiscales federales que intervinieron, pudo construir y dictar esta condena ilegítima. Se ve que “el derecho procesal creativo” del juez Claudio Bonadío tiene sus seguidores.
Casual o causalmente los fundamentos del fallo serán leídos el 9 de marzo del próximo año. Ese mismo día pero de 1956 el gobierno de facto autodenominado “Revolución Libertadora” publicó en el Boletín Oficial el decreto-ley n° 4161 que decretaba la prohibición de elementos de afirmación ideológica o de propaganda peronista. Y allí debemos identificar el nudo de la cuestión: en última instancia lo que siempre están impugnando es el peronismo. Ojo, no cualquier peronismo. El que se abrazó con el dictador Almirante Isaac Rojas en los ´90 fue bien recibido por el establishment. Pero Néstor y Cristina Kirchner en 2003 volvieron a las bases peronistas, a ese peronismo plebeyo que le devolvió la dignidad al pueblo argentino. Fue demasiada osadía para quienes se creen dueños de un país que detestan. Porque lo que más les dolió no fue la redistribución del ingreso ni la recuperación de las AFJP, YPF o Aerolíneas Argentinas, entre otros ítems que marcaron a fuego el kirchnerismo. Lo que más les jodió es la recuperación de un sentido de patria. Desde la independencia para acá que está en juego eso: patria o colonia. Y nuestras clases dominantes parasitarias colaboradoras de los diferentes imperialismos aborrecieron y aborrecen la idea de un país soberano, autónomo e independiente.
En fin, uno o una puede quedarse con el fallo del tribunal y no mirar más allá. Sin embargo, hay mucho más en juego con la condena a Cristina. Lo que se condena no es una persona, una figura individual, sino un proyecto de país más justo, libre e igualitario. Por lo tanto, la sentencia no solo tiene un carácter proscriptivo sino, además, disciplinador. Cualquier dirigente o dirigenta político que se anime a enfrentar al poder económico-mediático-judicial sabe que tendrá sus consecuencias, que será perseguido tanto él/ella como su familia y que puede terminar en la cárcel.
El año que viene se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia y vemos cómo el poder político tiene un margen de maniobra cada vez más acotado frente a las mafias que gobiernan de facto este país. El Estado de Derecho es casi una farsa y somos nosotros/as quienes debemos poner un freno ante este avasallamiento. Parece utópico pero a lo largo de nuestra historia ya lo hemos hecho.