El Gobierno derogó más de 70 normas de control a comercios y supermercados
El plan de desregulación que impulsa el presidente Javier Milei sumó un nuevo capítulo con la derogación de 71 normas que regulaban la actividad comercial en la Argentina. La medida quedó oficializada en la Resolución 357/2025, publicada en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Industria y Comercio de la Nación, Pablo Lavigne.
Argumentos oficiales
Desde la Secretaría de Industria y Comercio explicaron que estas regulaciones “habilitaban controles de precios abusivos, exigían información que no se utilizaba con ningún fin específico y mantenían en pie requisitos ligados a programas que ya habían sido dados de baja”, como Precios Justos, la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas.
El área dependiente del Ministerio de Economía defendió la iniciativa como parte de una estrategia para “reducir la carga administrativa de las empresas, transparentar el comercio interno y eliminar distorsiones que afectan los precios y las relaciones de consumo”.
Normas alcanzadas
La resolución deja sin efecto:
- 27 normas vinculadas a la Ley de Abastecimiento, eliminada al inicio de la gestión libertaria. Entre ellas había resoluciones de más de 50 años de vigencia que obligaban a incrementar la producción de insumos al máximo de capacidad o imponían precios máximos durante la pandemia de COVID-19.
- 24 normas del COPREC (Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo), un organismo que ya había sido desarticulado.
- 20 regulaciones que respondían a programas en desuso, como El Mercado en tu Barrio, el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos y la Ley de Góndolas.
En el detalle, se mencionan normativas que exigían reportes periódicos de productores de algodón, que intervenían en la producción y distribución de gasoil, o que regulaban precios en contextos extraordinarios, medidas que, según el Gobierno, “ya no tienen razón de ser”.
Continuidad del plan de desregulación
La eliminación de estas 71 resoluciones se suma a las más de 170 normas derogadas desde diciembre de 2023 en el marco del plan de desregulación. Entre ellas se incluyó la baja de los regímenes de licencias automáticas y no automáticas para importaciones, el SIRA, el DJCP —que generaba más de un millón de declaraciones juradas anuales y un costo estimado en 5 millones de dólares—, además de los programas Precios Cuidados y SIPRE (Sistema de Información de Precios y Producción).
El Gobierno plantea que estas acciones buscan consolidar un ordenamiento jurídico “más ágil”, que permita promover la libre competencia y reducir trabas burocráticas.
Impacto en comercios y consumidores
Mientras desde la Secretaría de Industria y Comercio remarcan que estas medidas “facilitan la operatoria del sector privado y mejoran la competitividad”, críticos del modelo económico advierten que la falta de controles podría derivar en mayores abusos de mercado y aumentos de precios en sectores sensibles como alimentos, insumos básicos o combustibles.
La discusión se da en un contexto en el que la inflación muestra una tendencia descendente según los datos oficiales, pero el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones continúa en retroceso.
Una señal política y económica
Con esta nueva resolución, el Gobierno refuerza su mensaje de que la intervención estatal en la economía será mínima y que cualquier normativa considerada “burocrática o distorsiva” será eliminada. Para el oficialismo, se trata de un paso hacia un esquema de mayor libertad de mercado; para la oposición, es un golpe a los instrumentos de defensa del consumidor y de regulación en contextos de crisis.
