El escandaloso negocio del acarreo en CABA
Con una concesión vencida en 2001, las empresas Dakota y BRD recaudan sumas millonarias pagando un canon insignificante.
A partir de una nota publicada el 17 de julio por Infobae, salió a la luz un tema del que poco se sabía pero que mueve mucho dinero. Estamos hablando de la operatoria de las grúas, un negocio privado que maneja millones de pesos, pero que le deja apenas migajas al gobierno porteño. Resulta llamativo que las distintas gestiones, que van desde Carlos Grosso hasta Horacio Rodríguez Larreta, no pudieron – o no quisieron – avanzar en más de dos décadas con una nueva licitación que invierta la ecuación económica en favor del Estado porteño. Entremos en detalles.
La concesión del acarreo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está en manos de dos empresas: Dakota SRL y BRD Sociedad Anónima, Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria (SAICFI), ambas operan el negocio con el contrato vencido desde hace 21 años. A cargo de los acarreos desde el año 1990, estas empresas le pagan al gobierno porteño un canon mensual de tan sólo $55.000 cada una por llevar a cabo el servicio, según le confirmaron a Infobae fuentes oficiales. El monto se encuentra congelado desde 2014 y, hasta hace apenas unas semanas, esa cifra también incluía la concesión de los viejos parquímetros y máquinas tickeadoras para el cobro del estacionamiento medido. Hoy las empresas levantan hasta 14 autos por hora a un costo de $6.525 cada uno.
Además, toda la recaudación por levantar autos en infracción son ingresos para BRD y Dakota, empresa que, curiosamente, no presentó balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ) en los últimos 4 años. El año pasado fueron 125.000 los acarreos realizados por estas dos concesionarias, lo que llevó su facturación a la cifra de $547 millones, según el cálculo en base a datos oficiales y el costo del acarreo en ese momento. No obstante, el gobierno porteño apenas recibió $1,3 millones de esos fondos, es decir, el 0,2%.
Analizando la trayectoria histórica de la concesión observamos que diez años después del vencimiento, en 2011, la Legislatura modificó el Código de Transporte y puso plazos para una nueva licitación que estaría a cargo del Ejecutivo porteño. Ese plazo, que en sus orígenes era de un año, se prorrogó en sucesivas ocasiones: 2012, 2013, 2016, 2018 y 2020 por la Legislatura con mayoría del oficialismo local.
Cabe señalar que la Auditoría General de la Ciudad ya había advertido sobre las irregularidades en la concesión del servicio de acarreo: “El canon abonado por las concesionarias resulta irrelevante en relación a los pagos”, indicó el último informe publicado en marzo de 2021.
Luego de la investigación llevada adelante por Infobae, el Auditor General Juan Calandri declaró que se trata de una “situación inentendible” y confió en que finalmente “se llame a una nueva licitación en agosto”. Al ser entrevistado por Luis Novaresio en LN+, Calandri ejemplificó: “Ese canon es lo que paga una persona por un departamento de dos ambientes en la ciudad. El valor está congelado desde 2014, cuando la tasa de acarreo salía $350. Hoy cuesta más de $6.000″. Al profundizar en el tema, encontramos que el gobierno porteño no solo se hace cargo de pagar el sueldo de los agentes de tránsito que van a bordo de la grúa para labrar las infracciones de tránsito sino que también paga el 20% de los salarios de los trabajadores de ambas concesionarias.
Desde las autoridades porteñas salieron a decir que se están elaborando los pliegos para un nuevo proceso licitatorio para el acarreo, cuyo servicio fue separado del estacionamiento medido. El jefe de Gabinete de Larreta, Felipe Miguel, sostuvo: “Estamos avanzando en la licitación para que la Ciudad tenga un nuevo servicio de acarreo, después de muchos años de una concesión vencida que se mantenía a base de amparos judiciales. Ya logramos avanzar con el nuevo servicio de estacionamiento y ahora, en la misma línea, vamos a mejorar las condiciones en este servicio tan importante para el ordenamiento del tránsito y la convivencia ciudadana”.
La metodología cambiaría con el nuevo contrato: el gobierno porteño pasaría a cobrar directamente lo que paguen los y las automovilistas que dejaron su vehículo mal estacionado. De esta manera, podría recibir como mínimo unos $815 millones en 2023, si se calculan los 125.000 acarreos del año pasado multiplicado por la tarifa de $6.525 por auto. Tras la recaudación, el Estado de la Ciudad le pagará un monto fijo por su servicio a las tres empresas concesionarias que resulten adjudicadas.
Por su parte, desde la oposición salieron a responder con una propuesta. Juan Manuel Valdés, legislador del Frente de Todos, presentó un proyecto para que se frene “el negociado” y se suspenda el servicio hasta que se concrete la licitación.
“Frenemos el negociado de las grúas. Presenté un proyecto para suspender el acarreo hasta que Larreta regularice a las 2 empresas a cargo con concesiones vencidas hace 20 años. Juntan millones, molestan a los vecinos y sus papeles no están en regla”
planteó el legislador opositor.
Cualquier persona que transite en auto por la Ciudad sabe las enormes dificultades para estacionar y el temor que generan las grúas circulando. Hoy sabemos que detrás de ese servicio de acarreo se esconde un gran negociado que es preciso que termine cuanto antes.
