Editorial Julio
El 1 de septiembre de 2022 un hombre gatilló un revólver a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Ese acto, que de milagro no terminó en un femi-magnicidio, es la condensación de un proceso de violencia política contra Cristina que se inició cuando era presidenta y se profundizó durante el gobierno de Cambiemos, entre 2015 y 2019, con una persecución judicial sin precedentes desde la vuelta de la democracia en 1983.
Marcar esta fecha no es casual. Este año se cumplirán 40 años desde el final de la dictadura cívico-militar más sangrienta de la historia Argentina, y en el último tiempo hemos visto crecer un conjunto de manifestaciones antidemocráticas: discursos de odio, violencia política y el proceso de lawfare para perseguir líderes del campo popular.
La recuperación de la democracia no es un hecho del pasado: es una conquista cotidiana. Desde el Congreso no podemos mirar hacia otro lado ante un hecho tan violento como el ocurrido el 1 de septiembre. Es por eso que presenté el proyecto para que esa fecha sea el “Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Política”. Debe ser una jornada de memoria, reflexión y promoción de las prácticas políticas pacíficas, de reconocimiento del adversario mediante comportamientos que respeten los derechos humanos.
