Duro revés político: Diputados rechazaron el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad
Un resultado inesperado para el oficialismo
En una jornada extensa y cargada de tensión política, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó el veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. El resultado fue contundente: 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones, lo que significó un duro golpe para la estrategia del Ejecutivo, que había apostado a frenar una norma con alto consenso social.
La votación dejó al descubierto no solo la solidez de la oposición en este tema, sino también las fracturas dentro del oficialismo y sus aliados circunstanciales. Ahora, la iniciativa pasará al Senado, que deberá definir si confirma la decisión de la Cámara baja.
La composición del voto
El rechazo al veto contó con el acompañamiento de los bloques Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Frente de Izquierda. Sin embargo, lo que marcó la diferencia fue la suma de voluntades por fuera del arco opositor tradicional, especialmente algunos legisladores del PRO y aliados provinciales de La Libertad Avanza.
Cinco diputados del PRO —Karina Bachey, Héctor Baldassi, Sofía Brambilla, Álvaro González y Ana Clara Romero— decidieron votar a favor de la ley, desmarcándose de la conducción nacional del partido. También lo hicieron los dos integrantes de Futuro y Libertad, Gabriel Chumpitaz y Verónica Razzini, que hasta hace poco integraban la bancada amarilla.
El bloque del MID, a pesar de ser aliado del oficialismo, también apoyó la norma. Lo mismo ocurrió con los tres legisladores tucumanos del bloque Independencia, alineados con el gobernador Osvaldo Jaldo, hoy distanciado de la Casa Rosada. Desde San Juan, las diputadas María de los Ángeles Moreno y Nancy Picón Martínez, referentes del gobernador Marcelo Orrego, también respaldaron la iniciativa. A ellos se sumaron los santacruceños Sergio Acevedo y José Garrido, alineados con el mandatario provincial Claudio Vidal.
Las divisiones dentro de la UCR y el oficialismo
La Unión Cívica Radical votó mayoritariamente a favor de la ley, aunque hubo excepciones que beneficiaron al Gobierno: Lisandro Nieri y Pamela Verasay, cercanos al gobernador mendocino Alfredo Cornejo, así como el chaqueño Gerardo Cipolini, alineado con el gobernador Leandro Zdero, que mantiene un pacto de gobernabilidad con los libertarios.
En el propio bloque libertario también aparecieron sorpresas. Los diputados Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro decidieron votar en contra del oficialismo. Pagano mantiene un fuerte enfrentamiento con Martín Menem por el fallido intento de designarla al frente de la comisión de Juicio Político, mientras que D’Alessandro está enfrentado con Karina Milei por la intervención del partido libertario en San Luis.
Qué establece la Ley de Emergencia en Discapacidad
La norma aprobada con amplio consenso antes del veto busca actualizar de manera mensual los aranceles del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad, atándolos a la inflación. También crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo, dirigida a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Además, el texto contempla el fortalecimiento de talleres protegidos, la compensación económica de emergencia para prestadores, la mejora en la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), auditorías para optimizar la gestión de prestaciones y la reafirmación del cupo laboral del 4% en el sector público para personas con discapacidad.
La Oficina de Presupuesto del Congreso había estimado un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI, cifra que el Gobierno consideró excesiva y utilizó como principal argumento para vetar la ley.
El significado político del voto
El rechazo al veto se interpretó en el Congreso como una señal política contundente: no solo evidenció la fragilidad de la estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza, sino que mostró la disposición de legisladores opositores y aliados a desmarcarse del Ejecutivo cuando se trata de temas de fuerte consenso social.
La votación de Diputados obligará al Senado a pronunciarse. Si la Cámara alta acompaña lo resuelto, el veto presidencial quedará definitivamente anulado y la ley entrará en vigencia. De ser así, el Gobierno se vería obligado a instrumentar de inmediato las medidas de financiamiento y actualización de aranceles, pese a que considera que los costos son “fiscales e insostenibles” en el actual contexto económico.
Mientras tanto, organizaciones sociales, familias y prestadores que habían realizado vigilias en Plaza de Mayo celebraron el resultado como una victoria de la sociedad civil frente a lo que consideran un retroceso en derechos. El desenlace en el Senado definirá si este capítulo se convierte en una de las derrotas legislativas más duras del gobierno de Milei desde su llegada al poder.
