Difunden un video clave que identifica al prefecto que disparó y dejó sin un ojo a un manifestante
El registro forma parte de una reconstrucción ciudadana sobre la represión del 12 de marzo en el Congreso. Jonathan Navarro perdió la visión tras recibir un proyectil en el rostro. El agente aún no fue identificado públicamente.
Una reconstrucción ciudadana que expone responsabilidades
Un nuevo video difundido por organizaciones de derechos humanos logró identificar al prefecto que disparó contra el manifestante Jonathan Navarro durante la marcha de los jubilados del pasado 12 de marzo frente al Congreso, en la que las fuerzas federales reprimieron con violencia a personas movilizadas en reclamo por la situación de los haberes previsionales.
La evidencia fue recopilada y analizada por el Mapa de la Policía, una red de participación ciudadana contra la violencia institucional que integra a colectivos como el CELS, CORREPI, FM La Tribu y el MTE, entre otros. A partir de registros audiovisuales aportados por testigos, fotorreporteros y cámaras de monitoreo urbano, lograron determinar quién fue el agente de Prefectura Naval Argentina (PNA) que disparó un proyectil desde un rifle táctico BYRNA a la cara de Navarro, hiriéndolo de forma irreversible.
Un disparo directo a la cara con un arma no letal
El prefecto identificado, cuyo nombre aún no fue revelado oficialmente, portaba un rifle táctico disuasivo BYRNA TCR, un arma que dispara proyectiles neumáticos de gas pimienta y cuya normativa prohíbe expresamente apuntar a zonas sensibles del cuerpo como el rostro. Sin embargo, en el video se observa con claridad cómo, desde apenas tres metros de distancia, apunta directamente al ojo izquierdo del manifestante.
Entre los elementos que permitieron identificar al autor material se destacan una marca blanca en la parte trasera del casco, un guante negro en una mano y una pistola Byrna de color naranja, junto con protecciones visibles en su uniforme. Las imágenes permiten observar su rostro y su posición dentro de la línea de formación de Prefectura.
Jonathan Navarro, una víctima con nombre, historia y lucha
Jonathan Navarro, hincha de Chacarita Juniors y residente de San Martín, asistió a la marcha ese día tras enterarse de que su padre debía pagar 80 mil pesos por un medicamento que antes recibía gratuitamente. Durante la represión, recibió el impacto en su ojo izquierdo y perdió la visión de forma permanente. Desde entonces, dejó de concurrir a eventos deportivos, recibe tratamiento psicológico y enfrenta secuelas físicas y emocionales que le cambiaron la vida.
“Después de eso, no volvió a pisar una cancha. Perdió los reflejos, dejó el deporte. Le destruyeron parte de su vida”, lamentaron desde su entorno cercano.
Una represión sistemática y coordinada
El informe del Mapa de la Policía también reveló que tres minutos antes del ataque a Navarro, otro manifestante, Pablo Grillo, fue herido en la cabeza por un proyectil de gas lanzado por el cabo Héctor Guerrero, de Gendarmería Nacional, contradiciendo también todos los protocolos de actuación.
Ambos hechos ocurrieron con muy poca diferencia de tiempo, ejecutados por fuerzas distintas, desde lugares distintos, pero bajo un mismo patrón represivo, lo que apunta a una coordinación centralizada de las acciones. Según la investigación, el accionar de Gendarmería y Prefectura estuvo bajo las órdenes del comando unificado del Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich.
Ese día, el Prefecto Mayor Héctor Cabrera, jefe del grupo Albatros, estaba al mando de la fuerza que agredió a Navarro.
Las preguntas que el Estado aún no responde
¿Por qué se disparó contra zonas prohibidas? ¿Quién autorizó esa represión? ¿Por qué no se conoce aún públicamente la identidad del prefecto? A más de cuatro meses de los hechos, no hay imputaciones judiciales ni sanciones administrativas conocidas. Tampoco hubo pronunciamientos oficiales del Gobierno nacional sobre los abusos cometidos durante esa jornada.
Las organizaciones que integran el Mapa de la Policía reclaman justicia, sanciones a los responsables materiales y políticos, y la inmediata publicación de los nombres de los agentes implicados. Además, exigen el cese del uso de armamento no letal como herramienta de represión en manifestaciones sociales.
Un nuevo caso que pone en jaque al discurso oficial
Lo ocurrido con Jonathan Navarro vuelve a exponer los efectos del enfoque de “orden público” promovido por Bullrich, basado en una política de “tolerancia cero” que prioriza la represión frente a la protesta social. En un contexto de creciente conflictividad por el ajuste y la crisis económica, la represión del 12 de marzo se convirtió en una postal del uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado.
Mientras tanto, las víctimas siguen esperando justicia y reparación. Y la sociedad, respuestas.
