Diferencia de precios y falta de control interno durante la Emergencia sanitaria en CABA

El relevamiento de la Auditoría General de CABA se realizó sobre el organismo encargado de hacer las compras dentro del ministerio de Salud porteño y arrojó una  serie de irregularidades.

      La audición cuyo código de referencia es 3.19.09 se llevó a cabo durante el primer año de la pandemia y puso el foco de su trabajo en las compras y contrataciones realizadas entre marzo y diciembre de 2020. El relevamiento se centró en el accionar del Departamento de Estadísticas de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria, a cargo de  Daniel Carlos Ferrante, el viceministro de Salud de la Ciudad y el objetivo fue controlar los aspectos legales, financieros y de gestión de dichas operaciones. Entre las varias “irregularidades” detectadas por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), se destacan: falta de control interno, lo cual dificultó la verificación de la información; y diferencias importantes de precios entre los valores autorizados y los finalmente facturados.

 Falta de control interno

     La AGCBA expuso varias irregularidades que denotan la falta de controles internos. En el informe se señala la ausencia de manuales de Normas y Procedimientos y de circuitos administrativos con sus respectivos pasos, formalmente implementados: “Las Áreas, objeto del presente Proyecto, no cuentan con Manuales de Normas y Procedimientos ni desarrollo de circuitos administrativos, con sus respectivos controles, formalmente implementados”, según da cuenta el documento. Además, revela que en 12 de 24 de los expedientes verificados -es decir el 50%- “no se respeta el orden cronológico en la incorporación de la documentación respaldatoria del proceso de compra”. Por lo tanto, no se pudo comprobar que quien ganó el proceso de compra haya sido quien realmente entregó los insumos o servicios correspondientes. Uno de los casos que se menciona en el informe habla de la prestación de un servicio de Provisión y Distribución de Insumos Médicos con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    Además, otra de las irregularidades encontradas refiere a que, al momento de ser realizadas las tareas, el organismo contaba con documentación incorporada al expediente que no correspondía al mismo, y otros casos donde no se cumplieron los plazos de antelación establecidos para la publicación del llamado a licitación en el Boletín Oficial porteño. La resolución de otra de las contrataciones, por ejemplo, solo hace referencia al monto total de la compra, sin detallar: número, descripción, cantidad ni monto de cada uno de los renglones que la componen.

Diferencia de precios

   En lo que refiere a irregularidades en los precios, la compra de barbijos es un claro ejemplo. Para la adquisición de mascarillas descartables, en principio fue aprobado un importe por unidad de $35, de la firma Cinmor SRL. Sin embargo,  al efectivizarse la operación, el valor registrado fue de $68, representando un 94,29% más que la tarifa acordada.

     En la misma sintonía se produjo una compra a la firma Roitz SA de 600.000 unidades de barbijos tricapa de un solo uso, por un valor unitario de $71.40, que representa un precio un 104% superior al ofertado inicialmente. A todo esto hay que agregar que al chequear los requisitos administrativos de esta última empresa, se comprobó que no los cumplía y que figuraba desactualizada en el Registro del Proveedor. La auditoría revisó el expediente de las compras, y encontró que los valores de referencia fueron incorporados al documento cuando la firma adjudicataria ya había realizado varias entregas del producto: “Los valores indicativos o valores de referencia son incorporados al Expediente, cuando la firma adjudicataria ya había realizado entregas por un 60% del monto total de la contratación”, subraya el informe. Ello significa que fueron agregados como una formalidad, pero sin tenerlos en cuenta para al momento de la elección.

     Este último punto es de suma importancia ya que dichos valores son una guía para los Servicios Administrativos Contables autorizados a efectuar contrataciones, de modo que los funcionarios y las funcionarias que tienen la responsabilidad de realizar las compras lo hagan a precios razonables, utilizándolos como parámetros de comparación. De esta manera se apunta a mejorar la gestión y promover la transparencia, evitando el mal uso de los fondos públicos, los gastos extravagantes y los sobreprecios.

Documentación faltante de proveedores

   La auditoría reveló otras irregularidades como, por ejemplo, que en nueve casos no se encontraron incorporados al expediente, total o parcialmente, los documentos generados por el proveedor. Recordemos que la normativa vigente establece que tanto los Pedidos de Aclaración a los Pliegos como las respuestas, o las notificaciones emitidas, como así también las impugnaciones, y los partes de recepción definitiva de proveedores, entre otros; deben ser agregados al expediente.

     Si bien es cierto que la pandemia y el marco de la emergencia sanitaria simplificaron muchos de los procedimientos burocráticos tradicionales para la adquisición de bienes y servicios, el informe expone que fueron tomadas ciertas “libertades” a la hora de efectivizar las adquisiciones necesarias. Es por ello que el ente auditor remarcó la importancia de desarrollar e implementar controles que aseguren la integridad y confiabilidad de la información, a la vez que garanticen el cumplimiento de la normativa aplicable y enmarquen a la gestión dentro de los conceptos de Economía, Eficiencia y Efectividad.