Cristian Ritondo bajo la lupa: dudas sobre su patrimonio y vínculos con negociados inmobiliarios

El diputado nacional Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara Baja y figura clave de la oposición, vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, por el crecimiento de su patrimonio personal y supuestos vínculos con desarrollos inmobiliarios que generan sospechas en sectores de la política, la Justicia y la sociedad civil. Las inconsistencias patrimoniales, sumadas a operaciones de compraventa de inmuebles a valores muy por debajo del mercado, alimentan las versiones sobre posibles maniobras de enriquecimiento indebido.

Propiedades, valores irrisorios y operaciones sospechosas

Según consta en declaraciones juradas presentadas por el propio legislador, Ritondo ha incorporado en los últimos años diversos bienes inmuebles, entre ellos departamentos en zonas privilegiadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y terrenos en provincia, que no guardan relación evidente con sus ingresos como funcionario público.

Un dato que genera inquietud es que algunas de esas propiedades figuran adquiridas a valores notoriamente inferiores a los de mercado, lo que podría indicar subvaluación fiscal o encubrimiento de operaciones con fondos de origen no declarado. En varios casos, se trataría de inversiones en emprendimientos ligados a empresas constructoras que han sido beneficiadas por políticas urbanísticas impulsadas durante su paso por el gobierno bonaerense o por el macrismo porteño.

Vínculos con desarrolladores y el avance de la especulación

Durante su paso como ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, Ritondo tejió lazos con sectores del empresariado inmobiliario que hoy concentran proyectos en barrios como Caballito, Palermo, Núñez y Belgrano, zonas que han experimentado una transformación acelerada gracias a modificaciones en los códigos urbanísticos y habilitaciones exprés de la Legislatura porteña.

Organizaciones barriales denuncian que esos beneficios urbanísticos están íntimamente relacionados con aportes de campaña y retornos en forma de unidades funcionales, participaciones societarias o alquileres encubiertos, lo que configura una matriz de financiamiento político e incluso personal, que no siempre deja rastros formales.

Enriquecimiento vs. transparencia: ¿quién controla?

El crecimiento patrimonial de Ritondo no ha sido acompañado por una explicación transparente del origen de los fondos, ni por investigaciones exhaustivas de los organismos de control. Si bien no existen causas penales en curso contra el diputado, organizaciones como Poder Ciudadano y la Fundación por la Paz y el Cambio Climático han solicitado a la Oficina Anticorrupción que audite sus movimientos patrimoniales.

En paralelo, informes periodísticos señalan posibles sociedades pantalla y estructuras familiares utilizadas para la adquisición y administración de inmuebles, lo que dificulta trazar un vínculo directo entre los bienes y el funcionario. Estas maniobras son habituales en casos de evasión, lavado de activos o conflictos de interés.

Una figura política blindada por su entorno

A pesar de los cuestionamientos, Ritondo conserva un alto grado de influencia dentro del PRO y en el Congreso, donde se posiciona como uno de los interlocutores del bloque con sectores del oficialismo libertario. Su cercanía con figuras como Patricia Bullrich y su alineamiento con el ala más dura de la oposición le aseguran un nivel de protección política que, hasta ahora, ha evitado que estas denuncias escalen judicial o mediáticamente.

En este contexto, resulta llamativo que la Comisión de Ética Pública de Diputados no haya iniciado ninguna actuación de oficio, ni se hayan activado mecanismos internos para requerir informes adicionales sobre su evolución patrimonial. El silencio institucional refuerza las sospechas y refleja una preocupante falta de voluntad para investigar a figuras con peso político.

Conclusión: entre el poder y la opacidad

La situación patrimonial de Cristian Ritondo plantea serios interrogantes sobre la transparencia en el ejercicio de la función pública y el uso de cargos institucionales como plataforma de acumulación personal. En un país con millones de personas empobrecidas, el crecimiento de fortunas políticas sin justificación clara no solo es éticamente cuestionable, sino potencialmente delictivo.

Mientras el diputado sigue jugando su carta en la interna del PRO y en el tablero nacional, la ciudadanía espera respuestas concretas sobre cómo un funcionario público puede amasar propiedades y activos sin romper los límites de la ley. Y, sobre todo, por qué hasta ahora nadie se atreve a investigar en serio.