Casi 12 mil personas en situación de calle en la Ciudad: una emergencia invisibilizada
Más de 11.800 personas viven en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, según los datos preliminares del tercer Censo Popular de Personas en Situación de Calle, realizado durante junio por más de 50 organizaciones sociales. La cifra, revelada este lunes en una conferencia de prensa en la sede de los metrodelegados, triplica el número oficial reportado por el Gobierno porteño y vuelve a encender las alarmas en plena ola de frío.
El contraste entre ambos relevamientos no es menor: el último censo oficial del Gobierno de la Ciudad, correspondiente a noviembre de 2024, reconocía solo 4.049 personas en situación de calle (1.236 durmiendo en la vía pública y 2.813 alojadas en paradores). Sin embargo, las organizaciones aseguran que la cifra real es de al menos 11.805 personas, muchas de las cuales no son consideradas por la metodología oficial, como quienes pernoctan en autos, albergues no estatales o casas tomadas.
Una realidad que desborda las estadísticas oficiales
Desde 2017, las organizaciones sociales realizan sus propios censos ante lo que consideran un recurrente subregistro por parte del Gobierno porteño, que reduce la visibilidad del problema. “La Ciudad se niega a mirar de frente una situación que empeora cada año”, señalaron desde la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, una de las entidades convocantes.
Además de los números, el informe —cuyo contenido completo se presentará en las próximas semanas— abordará dimensiones claves como salud, alimentación, violencia institucional y acceso a programas sociales. Los datos preliminares, no obstante, ya reflejan una profundización alarmante de la emergencia humanitaria, agravada por la ola polar que atraviesa al país.
Frío, abandono y muertes evitables
El informe preliminar advierte que al menos 63 personas en situación de calle murieron por causas asociadas al frío en lo que va del año, de las cuales 13 ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires. Las organizaciones denuncian que las políticas de asistencia son insuficientes, y que muchas veces la respuesta estatal llega tarde o no llega.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también expresó su preocupación ante los efectos del Decreto 373/25, firmado por el presidente Javier Milei, que modificó la Ley Nacional 27.654 de Protección Integral de las Personas en Situación de Calle. La nueva normativa transfiere a las provincias y municipios la responsabilidad exclusiva sobre este sector vulnerable, mientras que el Ejecutivo nacional se reserva solo un rol de supervisión y financiamiento opcional.
“Esto es una retirada del Estado nacional frente a una crisis social aguda”, advirtió el CELS, señalando además que la decisión agrava la desigualdad entre jurisdicciones con diferentes capacidades económicas y políticas públicas.
Violencia institucional y represión en la Ciudad
Uno de los aspectos más alarmantes señalados en el relevamiento es el aumento de los casos de violencia institucional en la vía pública, ejercida principalmente por personal de la Policía de la Ciudad y agentes de Espacio Público. Las organizaciones denunciaron el desalojo forzoso y sistemático de ranchadas, en especial durante la noche, y señalaron que estas acciones se ejecutan sin alternativas concretas de alojamiento o contención.
Asimismo, se identificó un crecimiento significativo de personas mayores en situación de calle y un fenómeno incipiente pero preocupante: el desplazamiento de personas sin techo hacia los barrios populares, donde buscan refugio temporario ante el hostigamiento policial, exponiéndose a nuevas formas de precariedad.
Una política de emergencia sin respuestas estructurales
Si bien desde el Gobierno porteño se destacan los esfuerzos por ampliar la capacidad de los paradores y centros de inclusión, las organizaciones sociales insisten en que el abordaje de la problemática sigue siendo meramente asistencialista, sin políticas de fondo orientadas a la prevención, el acceso a la vivienda ni la integración social.
“Dormir bajo techo en noches con temperaturas bajo cero debería ser un derecho garantizado, no una lotería asistencial”, expresaron desde la organización Proyecto 7, que también participó del censo. Denunciaron además la falta de planificación y coordinación con el sistema de salud, y la escasa respuesta ante situaciones de emergencia psiquiátrica o consumo problemático.
Conclusión: una deuda social creciente
Los resultados preliminares del Censo Popular vuelven a poner en el centro de la escena una de las caras más crudas de la desigualdad urbana. Casi 12 mil personas viven hoy a la intemperie en la Ciudad más rica del país, en condiciones extremas y muchas veces invisibilizadas.
En un contexto de ajuste, recorte de políticas sociales y repliegue del Estado, la situación de calle se expande y se complejiza, exigiendo una respuesta integral, coordinada y sostenida en el tiempo. Mientras tanto, las organizaciones sociales, una vez más, reemplazan la ausencia estatal con solidaridad y denuncia.
