Carrió pidió juicio político contra el juez Maraniello por prohibir la difusión de audios de Karina Milei
La decisión del juez federal Alejandro Patricio Maraniello de dictar una cautelar que prohíbe la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, desató una fuerte polémica política y judicial. Ahora, la Coalición Cívica (CC-ARI), encabezada por Elisa “Lilita” Carrió, presentó en el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra el magistrado, acusándolo de mal desempeño y de la posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.
Un pedido de máxima tensión
El reclamo fue formalizado por la diputada nacional Marcela Campagnoli, el legislador porteño Hernán Reyes y la propia Carrió. En el escrito, solicitaron la remoción inmediata de Maraniello, la suspensión en sus funciones y, en última instancia, su destitución.
Según los legisladores, la resolución judicial constituye un acto de censura previa, lo cual afecta directamente al derecho constitucional a la libertad de expresión y al acceso a la información pública. La presentación considera que la medida “avasalla garantías fundamentales y habilita la persecución de periodistas que difundieron los audios”.
Los hechos que sustentan la acusación
Carrió detalló en la red social X cinco hechos que, a su criterio, justifican el pedido:
- Hecho 1: la actuación en la causa “Milei, Karina Elizabeth s/medidas cautelares”, donde el juez prohibió la difusión de cualquier chat, foto, audio o video de la funcionaria. Para la Coalición Cívica, esto equivale a un acto explícito de censura.
- Hecho 2: la posible connivencia con el Poder Ejecutivo, en particular con el secretario de Justicia Sebastián Amerio, para encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos contra Maraniello.
- Hecho 3: su rol como presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), organización que contaría con auspiciantes de dudosa compatibilidad con el ejercicio de la magistratura, entre ellos laboratorios privados.
- Hecho 4: denuncias por acoso moral, sexual y violencia de género presentadas en el Consejo de la Magistratura y la Unidad de Bienestar Laboral. Estos procesos derivaron en la inclusión de Maraniello en el Registro Público de Denuncias contra Magistrados por violencia de género.
- Hecho 5: irregularidades detectadas en trámites de cartas de ciudadanía argentina.
El trasfondo político
El pedido de juicio político surge en un contexto cargado de tensión institucional. La prohibición de difundir los audios de Karina Milei fue interpretada por amplios sectores políticos, sociales y periodísticos como un intento de blindaje judicial al oficialismo en medio de denuncias por presuntas coimas en el área de discapacidad.
La decisión judicial, además, impacta en un momento de fuerte confrontación entre el Gobierno y la prensa. Distintos periodistas y medios denunciaron presiones y censura tras la difusión de material que involucra a funcionarios de primera línea.
Reacciones y consecuencias
El pedido de la Coalición Cívica coloca a Maraniello en el centro de la tormenta. No es la primera vez que el magistrado queda bajo la lupa: acumula varias denuncias en el Consejo de la Magistratura que van desde abuso de poder hasta fallos presuntamente irregulares en causas sensibles.
Con esta iniciativa, Carrió vuelve a posicionarse como una de las voces más duras en defensa de la institucionalidad. La dirigente sostuvo que “no puede naturalizarse que un juez dicte resoluciones que equivalen a censura previa”, al tiempo que advirtió sobre los riesgos de un Poder Judicial alineado con el Ejecutivo.
El desenlace dependerá ahora del tratamiento en el Consejo de la Magistratura, donde se evaluará si se abre o no el proceso de remoción. Mientras tanto, el debate vuelve a exponer la tensión entre libertad de prensa, independencia judicial y poder político en la Argentina actual.
