Bonos para recuperar el poder adquisitivo perdido

El ministro Guzmán presentó una serie de medidas económicas de emergencia, que incluyen un bono para trabajadores informales y monotributistas

Finalmente llegó lo que se rumoreaba hace unas semanas tras conocerse el dato de inflación de marzo de 6,7%, que marcó un récord en los últimos 20 años. Junto al presidente de la nación, Martín Guzmán anunció una serie de medidas económicas para combatir la altísima tasa de inflación que aqueja a los argentinos y a las argentinas. Si Alberto Fernandez ya le había declarado “la guerra a la inflación”, era hora de que se vieran acciones concretas en pos de “recomponer los ingresos de los sectores más vulnerables”. Veamos de qué tratan.

Los beneficiarios del bono

    Según detalló el Gobierno nacional en el acto realizado el pasado lunes 18 de abril en el Salón Blanco de Casa Rosada, los bonos tienen como destinatarios a:

• Trabajadores/as informales. Se pagarán en dos cuotas mensuales de 9.000 pesos cada una, en los meses de mayo y junio. De esta forma, se alcanzará una ayuda equivalente a $18.000. Abarca a trabajadores y trabajadoras de entre 18 y 65 años sin ingresos formales.
• Monotributistas  de las categorías A y B.  También recibirán dos pagos de $9.000 en mayo y junio.
• Trabajadoras de casas particulares. Recibirán $18.000 en dos cuotas de $9.000 cada una, tanto para las registradas como para las que no.
• Los/as jubilados/as y pensionados/as. Recibirán un pago de 12.000 pesos, que se suman a los $6.000 que ya cobraron.Aquí también, el total de la ayuda provista por el Gobierno será de $18.000. Una salvedad: el rango de alcance es limitado. Este bono es para quienes perciben hasta 2 jubilaciones mínimas. 

Estas medidas de mejora de ingresos se suman a las políticas implementadas con anterioridad de aumento del 50% de la Tarjeta Alimentar, incremento de las asignaciones y adelanto de las paritarias junto con el mantenimiento y renovación del programa Precios Cuidados.

¿Y los/as trabajadores/as formales qué?

      Por otro lado, el Gobierno nacional tampoco se olvida de los trabajadores formales,  para quienes tiene planteado otra estrategia: que sus ingresos mejoren gracias al adelantamiento de las negociaciones paritarias. Alberto Fernandez lo deja bien en claro en sus palabras: 

      “Esto no significa que nos desentendemos de los trabajadores formales; ellos están trabajando en reuniones paritarias, entre la UIA y la CGT. Pero hay una urgencia en los sectores más postergados y es a esos sectores donde le estamos dando respuesta.”

      Es decir que el oficialismo busca un aumento del poder de compra de los trabajadores y las trabajadoras formales vía paritarias. Para eso, como ya mencionamos previamente, juntó a gremios y empresarios para acordar un adelantamiento de las negociaciones paritarias de una veintena de sindicatos claves que marcan el ritmo de los reajustes salariales en el universo laboral registrado. Por otra parte, aceptó anticipar las conversaciones con gremios de empleados públicos para buscar una recomposición de ingresos de ese sector fuertemente castigado en los últimos años. 

         Al cierre de esta edición se hablaba de un aumento adicional del 10 % para los trabajadores y las trabajadoras de la administración pública nacional a cobrar con los haberes de mayo y que totalizaría un aumento del 64 % para el período 2021-2022.

Un nuevo impuesto

         Además de los bonos, el ministro de Economía nacional anticipó para las próximas semanas la puesta en marcha de una convocatoria para discutir un mecanismo de captura de parte de la renta inesperada de las grandes empresas generada a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. El proyecto de ley sería  enviado al Congreso con la finalidad de gravar “la renta inesperada” (y excepcional, podríamos decir) por la peculiar coyuntura y  plantearía una alícuota sobre el componente de esa utilidad que se enfoca en un conjunto de empresas con ganancias netas imponibles altas superiores a los 1.000 millones de pesos. 

      Se estima que los criterios para la imposición de la alícuota incluyen que la ganancia neta imponible real tiene que haber crecido en forma significativa en 2022 respecto a 2021 y, además, se incluirá un parámetro para que si la renta inesperada se canaliza hacia la reinversión productiva, la alícuota será menor, en base a lo expresado por Martín Guzmán.  

      Un dato para nada menor: en 2021 fue sólo el 3,2% de las empresas que alcanzaron ese monto de ganancias. Como para desactivar anticipadamente argumentos del estilo “asfixian a los que invierten y generan empleo”. Difícilmente una Pyme se vea afectada por el nuevo tributo. Imposible, diríamos.

 ¿Se ganará esta guerra?

         Sin lugar a dudas que las medidas económicas anunciadas eran necesarias para aliviar el pesar que conlleva una tasa de inflación que “sube por ascensor” y no solo por factores internos: el mundo entero se encuentra atravesado por un proceso estanflacionario. Ante esta situación excepcional se requieren medidas excepcionales: “un gran remedio para un gran mal” (Carlos Indio Solari dixit). Y en ese dilema de qué rumbo económico tomar no solo está en juego el vivir dignamente del pueblo argentino sino que, además, anida la razón de ser de la “interna” en el Frente de Todos. 

         Los bonos, el impuesto a “la renta inesperada”, el aumento en la tarjeta Alimentar y el adelantamiento de las discusiones paritarias pueden servir para suturar las heridas en el oficialismo, “sacudir la modorra” en la que se encuentra la gestión y encolumnar a toda la coalición gobernante bajo una misma bandera: “que los últimos sean los primeros”. Al final y al cabo, ese fue el contrato electoral firmado en octubre de 2019.