Ataque contra la prensa: un influencer libertario pidió encarcelar periodistas “por decreto”
El Gordo Dan apeló a un antecedente falso del gobierno de Alfonsín y profundizó el clima hostil hacia los medios
En medio de la escalada de tensiones entre el Gobierno nacional y los medios de comunicación, el influencer libertario Daniel Parisini, más conocido como “El Gordo Dan”, volvió a quedar en el centro de la polémica al pedir públicamente que el presidente Javier Milei “meta preso a algún periodista por decreto, como hizo Alfonsín”. El comentario, realizado a través de redes sociales, fue rápidamente replicado, generando una ola de reacciones tanto por la gravedad del planteo como por la tergiversación de un episodio clave de la historia democrática argentina.
La frase, en apariencia trivial, representa una peligrosa validación de la censura por parte de sectores afines al oficialismo, en un contexto donde el propio presidente ha intensificado sus ataques contra periodistas, medios y comunicadores críticos, acusándolos de operar en su contra o de ser parte de una supuesta “casta informativa”.
El antecedente que no fue: qué pasó realmente en 1985
El ejemplo que utilizó Parisini para justificar su sugerencia se remonta a octubre de 1985, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Ese mes, el entonces mandatario radical firmó el decreto 2049/85, en el que ordenó la detención de 12 personas por su presunta vinculación con un complot golpista, en un contexto de estado de sitio declarado a raíz de una serie de atentados explosivos y amenazas contra autoridades nacionales.
Entre los detenidos, además de militares retirados como el general Guillermo Suárez Mason, se encontraban también seis civiles, incluyendo al analista político Rosendo Fraga, el periodista Jorge Vago (de Prensa Confidencial) y Daniel Horacio Rodríguez, del diario La Prensa. Sin embargo, no fueron arrestados por ejercer su labor periodística, sino por la supuesta participación en una red de financiamiento y apoyo a un intento de desestabilización institucional.
El estado de sitio estaba previsto en la Constitución Nacional, y la medida adoptada por Alfonsín fue debatida, criticada y eventualmente revisada, pero no puede ser equiparada con un decreto represivo orientado a silenciar periodistas por sus opiniones o coberturas.
Clima de hostilidad creciente hacia la prensa
El comentario de Parisini no es un hecho aislado. Desde que asumió el poder, Javier Milei ha protagonizado numerosos ataques públicos contra medios y periodistas, a quienes señala como parte del problema estructural del país. Calificativos como “ensobrados”, “chantas” o “operadores” se han vuelto habituales en sus intervenciones, tanto en entrevistas como en redes sociales.
En paralelo, su administración ha desmantelado estructuras de comunicación pública, interrumpido convenios con medios comunitarios, y recortado fondos y personal de agencias estatales como Télam, que aún permanece sin actividad tras su intervención.
Diversas organizaciones periodísticas, como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), han advertido en reiteradas oportunidades sobre el riesgo que implica este tipo de retórica, que alienta la intolerancia, degrada el rol de la prensa y debilita el debate democrático.
El rol de los influencers oficialistas y la legitimación del discurso violento
El Gordo Dan, con más de 200 mil seguidores en redes, se ha convertido en uno de los influencers más cercanos al oficialismo, replicando mensajes del presidente y atacando regularmente a periodistas, artistas, docentes y figuras públicas que expresan posturas críticas. Sus intervenciones suelen combinar el humor, el sarcasmo y el señalamiento ideológico, con un tono confrontativo que naturaliza discursos extremos.
Aunque su expresión no tiene peso institucional, el hecho de que se haya inspirado en un falso antecedente histórico para justificar la represión de la prensa genera preocupación entre sectores políticos y académicos. “Es un intento burdo de manipulación del pasado para justificar autoritarismos presentes”, expresó un legislador de la oposición consultado por este medio.
Un nuevo desafío para la libertad de expresión
El episodio reaviva un debate central en la vida democrática argentina: la libertad de expresión no solo depende de la ausencia de censura estatal, sino también del respeto cultural y político al rol de la prensa. Cuando desde sectores de poder –sean gubernamentales o afines– se alienta el hostigamiento, la criminalización o el desprecio hacia el periodismo, se deteriora el marco institucional que garantiza la pluralidad.
En este sentido, las expresiones como las de Parisini no pueden ser vistas como simples exabruptos de internet, sino como síntomas de una época en la que el odio se transforma en consigna, y la desinformación se presenta como verdad alternativa.
La historia reciente de Argentina, marcada por dictaduras y censuras, debería funcionar como un límite infranqueable frente a cualquier tentación autoritaria. En tiempos de crispación social y fragilidad democrática, recordar ese umbral se vuelve más urgente que nunca.
