Amnistía Internacional denuncia barreras crecientes en el acceso al aborto legal en Argentina
Amnistía Internacional (AI) advirtió sobre un preocupante aumento de los obstáculos para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina, en un contexto de recortes presupuestarios, desfinanciamiento en políticas de género y discursos de estigmatización desde el oficialismo.
Según un informe reciente, las denuncias sobre impedimentos para la IVE crecieron un 215% respecto al año anterior. Este aumento refleja un retroceso significativo en el acceso a derechos garantizados por la Ley 27.610, aprobada en 2020.
Un contexto político adverso
El informe de AI se enmarca en un escenario donde el gobierno actual promueve la derogación de la ley y ha interrumpido la compra de insumos esenciales como misoprostol y mifepristona, indispensables para los procedimientos de aborto seguro. Mariela Belski, directora ejecutiva de AI Argentina, destacó que estos problemas no son aislados, sino parte de una tendencia nacional:
“El incremento en las denuncias por barreras en el acceso al aborto evidencia el impacto negativo del desfinanciamiento y la paralización de la política pública en salud sexual y reproductiva”.
Además, AI criticó declaraciones del presidente Javier Milei, quien calificó la IVE como parte de una “agenda sangrienta del aborto” y un “asesinato agravado por el vínculo”. Según la organización, estos comentarios no solo contradicen el marco normativo vigente, sino que fomentan el estigma y el temor entre las personas gestantes y los profesionales de la salud.
Testimonios que reflejan una crisis
El informe incluye relatos como el de “María”, una mujer de Misiones que intentó interrumpir su embarazo en la sexta semana y se encontró con la falta de insumos en los hospitales públicos. Con un salario precario y cuatro hijos, María no pudo costear los 100.000 pesos necesarios para adquirir el misoprostol.
“Fui a dos hospitales públicos y no había medicación. La doctora me dijo que debía comprarla porque el Ministerio de Salud de la Nación no envía más insumos. Estoy desesperada porque no tengo los recursos”, relató.
Situaciones como la de María ilustran cómo la falta de insumos esenciales y el desfinanciamiento afectan a las personas más vulnerables, ampliando las desigualdades en el acceso a derechos reproductivos.
Un retroceso en salud pública
AI subrayó que, entre 2021 y octubre de 2023, el sistema público garantizó abortos seguros a 245.015 personas, logrando reducir un 53% las muertes por abortos inseguros entre 2020 y 2022. Sin embargo, el contexto actual amenaza con revertir estos logros, especialmente en áreas rurales y comunidades con menos recursos.
“Estos retrocesos deben ser atendidos con urgencia para garantizar en forma igualitaria los servicios de salud sexual y reproductiva que el Estado está obligado a ofrecer”, remarcó AI en su informe.
Recomendaciones y denuncias
AI instó al Gobierno Nacional a reactivar la distribución de insumos esenciales, garantizar la formación del personal médico y promover políticas públicas que prioricen la salud sexual y reproductiva. Asimismo, alentó a las personas afectadas a reportar barreras a través del formulario “Tu derecho al aborto”.
La denuncia de Amnistía Internacional pone de relieve una problemática urgente y compleja, que exige respuestas inmediatas para proteger derechos fundamentales y evitar un mayor retroceso en materia de salud pública y género en Argentina.
