Agentes de tránsito bajo sospecha: el costado oscuro del control vial en la Ciudad

Crece el malestar social por abusos, multas injustas y prácticas recaudatorias

En la Ciudad de Buenos Aires, la figura del agente de tránsito ya no simboliza orden, prevención o asistencia al conductor. Cada vez más vecinos señalan que el rol de estos uniformados se ha desvirtuado al punto de convertirse en una herramienta más del aparato recaudador del Estado porteño. Lo que comenzó como una política para mejorar la circulación urbana, hoy se ve contaminado por denuncias de abuso, arbitrariedad e incluso fraude sistemático.

Las calles de la Ciudad —sobre todo en zonas de alta circulación vehicular— son el escenario de una presión constante ejercida por agentes que, lejos de advertir o asistir, esperan la mínima infracción para aplicar sanciones sin contemplaciones. A la vista de muchos vecinos, la “cacería de infractores” se volvió un negocio redondo.

Multas automáticas, sin pruebas ni derecho a defensa

Una de las principales críticas apunta a la enorme cantidad de multas que se labran sin contacto directo con el conductor ni evidencia clara de la infracción. Numerosos ciudadanos afirman haber recibido actas por estacionamiento indebido en lugares permitidos, mal uso del cinturón o el celular sin haber sido notificados en el momento ni haber tenido posibilidad de explicarse.

El sistema parece diseñado para imponer: una vez emitida la infracción, el ciudadano debe cargar con la difícil tarea de demostrar su inocencia, en un proceso burocrático lento, opaco y plagado de trabas. No es extraño que muchos, ante la imposibilidad de conseguir un turno para apelar o aportar pruebas, terminen pagando para evitar complicaciones legales o embargos sobre el vehículo.

Un modelo que privilegia el ingreso fiscal por sobre la seguridad vial

Aunque las autoridades insisten en que se trata de una política de control para disminuir siniestros, las estadísticas muestran que la cantidad de multas crece año tras año, mientras los siniestros viales no disminuyen de forma proporcional. En 2023, la Ciudad superó los 3 millones de infracciones, con una recaudación superior a los 30 mil millones de pesos, según datos oficiales.

Esto lleva a preguntarse: ¿realmente se busca ordenar el tránsito o aumentar la caja del gobierno porteño? Para muchos expertos en movilidad urbana y organizaciones civiles, la respuesta es clara: se ha instalado un sistema donde el foco ya no está en educar ni prevenir, sino en penalizar para recaudar.

Zonas estratégicas y agentes invisibles

Los barrios más afectados por esta dinámica son, curiosamente, los de mayor poder adquisitivo y densidad vehicular: Palermo, Belgrano, Caballito, Núñez. Allí, los agentes se despliegan en grupos, a veces sin identificación visible, y aplican sanciones incluso en situaciones dudosas o poco claras. En contraste, en barrios más periféricos o zonas realmente conflictivas, la presencia estatal brilla por su ausencia.

Además, es común ver vehículos oficiales estacionados en doble fila o sobre rampas de discapacitados, sin que eso represente una infracción para sus conductores, lo cual refuerza la percepción de un doble estándar y una cultura del castigo selectivo.

Desconfianza creciente y un reclamo de fondo: transparencia

El malestar no es aislado. Crece en redes sociales, en grupos vecinales y en plataformas de defensa del consumidor. El reclamo principal es simple pero contundente: poner fin a la lógica recaudatoria, transparentar los procedimientos y devolver a los agentes su función original: proteger y ordenar, no sancionar por sancionar.

Existen propuestas concretas para revertir esta situación: incorporar cámaras corporales a los agentes, garantizar notificación inmediata al presunto infractor, permitir la presentación digital de pruebas, y aplicar auditorías externas al sistema de multas. Sin embargo, hasta ahora el Gobierno porteño ha hecho oídos sordos.

La confianza ciudadana en las instituciones se construye con justicia, no con castigos automáticos

Mientras no se revise este modelo de gestión, los porteños seguirán sintiéndose perseguidos, culpables hasta demostrar lo contrario, y sometidos a un sistema que castiga al que circula. Una ciudad moderna no se construye con multas injustas, sino con reglas claras, controles honestos y autoridades que respeten a quienes transitan sus calles.