Comienza el Juicio Oral por el Intento de Asesinato a Cristina Fernández de Kirchner

Este miércoles, el Tribunal Oral Federal (TOF) Número 6 dará inicio al juicio oral y público contra Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, acusados del intento de asesinato a la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022 en el barrio de la Recoleta (Comuna 2) de Buenos Aires.

Los acusados enfrentan cargos de “homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas agravado por el uso de arma de fuego”. Además, llegan al juicio con una condena por tenencia ilegal de documentación en una causa paralela.

El juicio se llevará a cabo en los Tribunales Federales de Comodoro Py y estará a cargo de los magistrados Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari. Se prevé la declaración de hasta 277 testigos, tal como lo solicitaron la fiscal Gabriela Baigún, las defensas de los acusados y la querella encabezada por el abogado José Manuel Ubeira, en representación de la exmandataria.

En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Carlos Rívolo acusó a Fernando Sabag Montiel de haber intentado asesinar de manera premeditada a Cristina Fernández de Kirchner. Según el fiscal, Sabag Montiel contó con la planificación y acuerdo previo de Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. El documento describe que el ataque ocurrió el 1 de septiembre de 2022, alrededor de las 21:00 horas, en la intersección de las calles Juncal y Uruguay, frente al domicilio de Fernández de Kirchner.

El fiscal detalló que Sabag Montiel, aprovechando la multitud y el estado de indefensión de la víctima, apuntó a su rostro y accionó el disparador de una pistola semiautomática Bersa calibre .32, sin que se produjera el disparo a pesar de que el arma estaba cargada y en condiciones de funcionar. Brenda Uliarte, presente en el lugar, brindó apoyo moral y logístico al atentado.

La defensa de la vicepresidenta pidió investigar la posible vinculación de los acusados con la organización Revolución Federal y un supuesto pago de $1.000.000 por parte de una empresa ligada a la familia Caputo al líder de dicha organización, Jonathan Morel, para fabricar muebles. La sospecha era que este pago podría haber sido una pantalla para financiar las actividades de Revolución Federal, que llevó a cabo violentas marchas antes del intento de magnicidio.

Sin embargo, la jueza federal María Eugenia Capuchetti, encargada de la instrucción de la causa, decidió enviar el caso a juicio oral sin profundizar en esta línea de investigación.

El inicio de este juicio genera una gran expectativa en la sociedad argentina, no solo por la gravedad del delito imputado, sino también por las posibles implicaciones políticas y sociales que podría revelar. La seguridad y la justicia en torno a figuras públicas son temas de vital importancia en el contexto actual.

Este juicio será un proceso largo y complejo, donde la presentación de pruebas y testimonios será crucial para determinar la responsabilidad de los acusados en el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. La transparencia y la rigurosidad del proceso serán fundamentales para asegurar que se haga justicia y se mantenga la confianza en el sistema judicial argentino.

El juicio por el intento de asesinato a la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es un evento de gran relevancia nacional. La acusación de homicidio doblemente calificado y la posible conexión con grupos extremistas y financiamiento ilícito hacen de este caso uno de los más significativos en la historia reciente de Argentina. La resolución de este juicio será observada de cerca por toda la nación, esperando que se esclarezca la verdad y se imparta justicia de manera equitativa y transparente.